La Diputación de Segovia pide al Gobierno de España que retire el mapa concesional de transporte público por carretera presentado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y demanda que abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos, así como con los representantes del sector del transporte público por carretera, “orientado a la elaboración de un nuevo mapa concesional que, teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad económica y social, cohesión territorial, reto demográfico y digitalización, sirva para atender de igual modo las necesidades de todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, sin discriminar, por tanto a quienes viven en el medio rural”. Este acuerdo fue aprobado en el pleno de la Diputación del pasado jueves, a través de una moción conjunta presentada por Partido Popular y Ciudadanos, que fue rechazada por el Grupo Socialista.
Este tema ha generado una gran polémica a lo largo de esta semana, ya que desde la Junta de Castilla y León se denuncia que el nuevo mapa concesional prevé suprimir 346 paradas en Castilla y León, 21 de ellas en Segovia, lo que deja sin servicio a casi 214.000 habitantes, cerca de 75.000 segovianos. Por el contrario, desde el Ministerio responden que no se eliminará ninguna parada y que aún se trabaja en un anteproyecto sobre el nuevo mapa concesional.
Durante el debate de la moción en la Diputación, el viceportavoz socialista, José Antonio Mateo, pidió la retirada de la misma, mostrando una carta de la ministra de Transportes al presidente de Castilla y León comprometiéndose a no suprimir ninguna parada. Sin embargo, los portavoces de PP y Cs argumentaron que “es el momento de presentar esta moción, porque en el anteproyecto se demuestran las intenciones del Gobierno”, tal y como señaló Ángel Jiménez.
Por su parte, José María Bravo insistió en que «las palabras de la ministra llegan tras las protestas del mundo y que tienen que llegar unidas al diálogo con el resto de administraciones para optimizar recursos y seguir prestando el servicio”. José Antonio Mateo tachó la moción de “inoportuna”, y planteó entonces una enmienda, también rechazada por el equipo de Gobierno, que finalmente sacó adelante la moción presentada de forma conjunta.
“No va a desaparecer ninguna de las paradas que se ofrecen actualmente”
En una carta de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, mostrada en el pleno por el Grupo Socialista, asegura que “en ningún caso se va a perder ni uno solo de los servicios que ahora mismo reciben los habitantes de Castilla y León y no va a desaparecer ninguna de las paradas que se ofrecen actualmente”. Según la ministra, el principio esencial que mueve el enfoque del Gobierno en el nuevo modelo de mapa concesional estatal de los servicios de transporte público interurbano regular de viajeros, “es que ningún ciudadano pierda las oportunidades de viaje que actualmente dispone, máxime en una comunidad autónoma de la extensión y dispersión poblacional de Castilla y León”.
Desde el Ministerio señalan que han optado por un proceso de definición del mapa “totalmente participativo”, con reuniones con las comunidades autónomas, empresas, sindicatos, sector del transporte, etc. Raquel Sánchez emplaza a Mañueco a mantener un encuentro “por si necesita una aclaración adicional”, ya que en su opinión, “no se está actuando con lealtad institucional desde la Junta de Castilla y León con cartas como las que ha enviado a los alcaldes de su comunidad”.
