El procurador socialista José Luis Vázquez ha preguntado al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en las Cortes por el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, sobre su situación en provincias, como Segovia, “donde la Diputación no ha desplegado aún la red de parques de bomberos que contempla dicho Plan y la legislación vigente”.
En este sentido, el segoviano cuestionó si “estos incumplimientos” afectarán a la posibilidad de recibir ayudas por parte de la Junta. En concentro, Vázquez hizo referencia al “despropósito” que supone que la Diputación de Segovia vaya a implantar un parque de bomberos en Quitapesares, “a cuatro kilómetros del parque de la capital, incumpliendo la ley y con el resto de la provincia desprotegida y abandonada”. En su respuesta, según explican desde el PSOE, “el consejero afirmó que la Diputación debe cumplir el criterio de mínimos establecido en el Plan Sectorial, y si quiere construir el parque en Quitapesares que lo financie”.
Esta pregunta surgió en la intervención de José Luis Vázquez tras la comparecencia del consejero de Medio Ambiente Suárez-Quiñones, en la que afirmó que la Junta ha dejado sin tramitar gran cantidad de fondos Next Generación transferidos por el Gobierno de España y reclamó la correspondiente información sobre los proyectos y el destino de los fondos al consejero, “quien en su tercera legislatura sigue ofreciendo las mismas políticas de nefastos resultados”.
Vázquez expuso que la lucha contra la despoblación y hacer frente a los efectos de la emergencia climática son los dos retos fundamentales a los que se enfrenta la Consejería , “algo a lo que ha renunciado el gobierno autonómico tal y como se ha puesto de manifiesto durante esta misma mañana (por el martes) en la insensible y fanática comparecencia del consejero de Empleo, negando la agenda 2030 y los efectos del cambio climático”.
En materia de vivienda, el procurador socialista señaló que la Junta “actúa como una mera gestoría de recursos económicos procedentes de la administración del Estado” y denunció “la falta voluntad de la Junta para poner recursos y desarrollar una política propia a pesar de tratarse de una materia fundamental para fijar población, especialmente los jóvenes, como demandan los alcaldes y alcaldesas”.
Respecto a Ordenación del Territorio, Vázquez criticó la “inacción” de la Junta respecto a una competencia asumida hace 40 años, “causa fundamental de la despoblación de Castilla y León, desequilibrios, y pérdida de oportunidades además de abrir la puerta a la corrupción por falta de regulación.”
En esta línea expuso que durante la vigencia de la Agenda para la Población 2010-2020 Castilla y León perdió más población que ningún territorio, “176.014 habitantes, mientras que España creció 170.276.2” y criticó la negativa del Gobierno de Mañueco a regular los criterios para el despliegue de las imprescindibles energías renovables de forma compatible con el paisaje, la biodiversidad y los usos agrícolas y forestales.
