Los grupos mayoritarios en el Ayuntamiento de Segovia, PP y PSOE, acordaron hoy reconducir las relaciones que mantienen para reducir la “tensión” que se produce desde hace meses en los plenos y comisiones informativas para que las reuniones de los órganos de gobierno y las declaraciones públicas se enmarquen en un ámbito plenamente político y ajeno a dialécticas “subidas de tono”, según informan fuentes municipales.
Tanto el alcalde, el ‘popular’ José Mazarías, como la portavoz socialista, Clara Martín, coincidieron en la necesidad de reconducir el debate para “desescalar” el actual grado de tensión y trabajar conjuntamente, aunque dentro de las discrepancias lógicas, en la resolución de los problemas de la ciudad.
En este clima de entendimiento, ambos partidos trabajarán para mantener el debate político dentro de la “obligada cordialidad institucional” y manteniendo un tono menos elevado, que reconocen ha generado un clima tensionado que ambos políticos consideran “insostenible y contrario a la obligada corrección institucional”.
Desde ambas formaciones se subraya que este deseo de mantener el debate político en el ámbito meramente institucional no significa, en ningún caso, la renuncia a los ideológicos y de concepto político, básicos para el funcionamiento democrático de la institución, aunque siempre dentro de los márgenes de la “corrección” y el debate ordenado y siempre dando cumplimiento al reglamento orgánico de funcionamiento de la institución.
Acusación de Mazarías
Esta decisión se adopta después de que en el pleno de este 26 de enero se produjera una nueva situación de tensión a cuenta de un ruego formulado desde la bancada popular, que tenía como fondo el acceso a notificaciones y uso de certificados electrónicos personales (y uso de certificados) durante la transición de titulares de la Alcaldía, desde mayo pasado.
La portavoz del gobierno municipal, Rosalía Serrano pidió a la líder socialista que se dirigiera al personal del Consistorio con el “respetó y decoro que se les debe, como primero pero también como servidores públicos y funcionario”.
Unas declaraciones que crearon un gran revuelo y en las que se implicaron también la portavoz de ciudadanos, Noemí Otero y otros ediles socialistas y que en primera estancia no se entendieron. Fue cuando Martín alegó que se habían vulnerado sus derechos ya que “se había utilizado un certificado que no tenia que haberse utilizado por este ayuntamiento. No se ha dado comunicación a entidades públicas de que yo ya no ostento el cargo de alcaldesa”, explico Martín. El actual edil, sostuvo que estas explicaciones “no se ajustan a la verdad”, y acusó a la ex alcaldesa de haber “incumplido gravemente con su obligación” ya que está tenía que haber evocado sus permisos. Llegando ha acusar directamente a Martín de haber accedido a información que no lo correspondía y a la que no tenía que tener acceso.
La socialista se defendió alegando que no había usado esos permisos y que se dio cuenta cuando recibió la última notificación – la 26 en total- y que fue entonces cuando puso en conocimiento de los trabajadores del Ayuntamiento la situación.
Tras todo el rifirrafe de acusaciones, Mazarías y Martín, decidieron que este asunto se tratará en el ámbito técnico para resolver las posibles situaciones “irregulares” en este periodo y está a la espera de conclusión, una vez que se produzcan los correspondientes informes y estudios técnicos que aclaren el porqué de esta incidencia.
