La imagen bucólica de las verdes praderas está sobrevalorada debido al Antiguo Testamento. Es sabido que el origen de muchos crímenes ocurridos en el medio rural, incluso algunas tragedias relativamente recientes, como la de la localidad extremeña de Puerto Hurraco en 1990, tienen su origen en una disputa por terrenos. En casi todos los pueblos, durante el siglo pasado, ha existido la figura del o la corremojones, que sumaba a los lindes de sus propiedades parte de las de otros paisanos que habían marchado a la capital buscando mejorar sus vidas. Por no hablar de las disputas entre agricultores y ganaderos por aprovechamientos de pastos o que por un buen prado han corrido ríos de tinta en pleitos por herencias. En el Ayuntamiento de Segovia, lo que ha ocurrido con Prado del Hoyo, un terreno de más de un millón de metros cuadrados situado a la entrada de la ciudad, en un nudo estratégico de comunicaciones, es que la cizaña de la política lleva meses emponzoñando un asunto, la importancia para el futuro de Segovia del desarrollo de esta zona industrial que aplauden, sin embargo, todos los grupos de la corporación municipal.
La llama de la discordia se ha reavivado ahora, a raíz de la aprobación por el pleno municipal del pasado día 10 de la novación de un convenio entre el consistorio segoviano y la Asociación de Propietarios de Prado del Hoyo.
Desde las filas del Partido Popular, su portavoz, Pablo Pérez, acusó a la concejala Clara Martín de mentir a la ciudadanía porque había dicho que el Plan Parcial de Prado del Hoyo, una herramienta urbanística fundamental para el desarrollo de esta futura zona empresarial, estaría aprobado antes de finalizar 2021 y no ha sido así.
La edil socialista explicó entonces que, al tratarse de una iniciativa de promoción básicamente privada, porque la mayor parte de los terrenos son de propietarios particulares, antes de aprobar el plan parcial era necesaria su autorización, lo que no se produjo hasta el mes de diciembre, y se formalizó en la citada novación del convenio.
Además, replicó al portavoz de los populares culpando de parte del retraso a la Junta de Castilla y León, por no remitir informes sectoriales en tiempo, según apuntó.
Esto último mosqueó más todavía al principal grupo de la oposición y esta semana Pérez acusaba a Martín de un nuevo engaño porque se habían puesto en contacto con la directora general de Vivienda, Arquitectura y Suelo de la Junta y está asegura que el Ayuntamiento no ha pedido ningún informe.
Al día siguiente, el pasado jueves, la alcaldesa, Clara Luquero, respondía enfadada y sostenía que “el señor Pérez no se entera de nada”.
Eso mismo mantiene la edil de Urbanismo, quien señala que el portavoz del PP “no es solo que desconozca lo que se aprobó en julio, el avance del Plan Parcial y solicitar un documento ambiental que la Junta —la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental— no remitió hasta finales de septiembre, sino que también desconoce lo que se aprobó el día 10”.
En este sentido, insiste en que “el plan parcial es de iniciativa privada y el Ayuntamiento no podía pedir los informes sectoriales hasta que no se aprobara el convenio”.
Para Martín, el PP quiere “seguir haciendo ruido sobre un tema que no procede”, mientras Pérez se mantiene en sus trece y alega que “no puede haber retrasos por parte de la Junta si no se han pedido los informes sectoriales”.
La responsable de Urbanismo explica que la normativa dice que se pidan informes cuando el plan parcial “esté en disposición de estar aprobado, y es ahora cuando lo estamos porque la Asociación de Propietarios, por convenio, nos autoriza. Es el momento, antes de su aprobación por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, pero una semana antes, cuando tengamos todos los informes internos, de los servicios municipales”.
Martín recuerda que el plan parcial está redactado y esos informes internos están preparándose. Por lo tanto, es previsible que esa solicitud de informes sectoriales a otras administraciones se realice pronto, aunque no pone fecha. Eso sí, apunta que se trata de “un montón” de documentos, no exclusivamente el que compete a la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Suelo de la Junta. También, los de otros organismos de la Comunidad Autónoma, como la Dirección General de Patrimonio Histórico, o de la Diputación y de organismos de la Administración General del Estado.
Desde el PP, y también en Ciudadanos, reclaman que se trabaje para sacar adelante cuanto antes este proyecto de desarrollo industrial que recuerdan ha estado parado al menos desde 2008, aunque hay que admitir que a partir de abril del año pasado, cuando se dio a conocer un importante proyecto empresarial que necesita suelo industrial, su tramitación urbanística comenzó a desbloquearse.
