Los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre el tercer trimestre del 2021 evidenciaron lo que era ya una estimación general de los economistas: España ha pasado de ser el país con más previsión de crecimiento de la Unión Europea a engrosar los puestos del furgón de cola.
Hace un año se esperaba que el consumo de familias y la inversión lideraran la recuperación del producto interior bruto (PIB), y, sin embargo, la contracción del gasto privado lleva lastrando desde finales de agosto la recuperación económica, y mucho nos tenemos que durante el cuatro trimestre del año las cifras sean mucho peores, con lo que las previsiones del Gobierno de un crecimiento del 6,5% en relación con el año precedente queden en agua de borrajas. Incluso podemos aventurar que es matemáticamente imposible siquiera rozar esta cifra en la actual coyuntura. El gran problema reside en el consumo privado, castigado no tanto por las restricciones de la pandemia cuanto por el peso de la inflación, que está mermando, según cálculos solventes, 8.600 millones de euros de poder adquisitivo de las familias, minando su capacidad de compra y por lo tanto sus expectativas de consumo. De nuevo, las cifras macroeconómicas encuentran un respiro en las exportaciones. En el tercer trimestre, la demanda externa aportó un 1,8% de crecimiento del PIB —que fue del 2%— porque las exportaciones aumentaron un 6,4%. Estas cifras hablan por sí solas del estancamiento del consumo, alertado, como se decía, por un crecimiento de los precios internos liderados por la luz, el gas y los productos derivados del petróleo, pero también por los efectos que estos han tenido en el resto de productos que componen la cesta de la compra.
Que un ministro de Consumo anime a una huelga de consumo en unos momentos como los actuales demuestra hasta qué punto la frivolidad política se ha implantado en España
Ante esta situación, sorprende la enésima salida de tono del ministro de Consumo, Alberto Garzón, animando a una huelga en la compra de juguetes cuando se considere que los fabricantes o incluso los comercios fomenten la diferencia entre los gustos de niños y niñas. Que un ministro de Consumo anime a una huelga de consumo en unos momentos como los actuales demuestra hasta qué punto la frivolidad política se ha implantado en España y en particular en algunos de los miembros del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Que haya dedicado a la iniciática un anuncio cuyo coste alcanza los 80.000 euros no deja de ser un dislate más de una cadena que afecta a la propia existencia del Ministerio, que, por simple cuestión de reparto de sillones en una coalición, ha pasado de ser una simple dirección general a detentar rango ministerial, cuando las competencias en la materia están transferidas a distintas administraciones, y en especial a las comunidades autónomas.
Lo malo de estos ministerios fantasmas no es solo la carga económica que suponen —Alemania, con tres partidos en coalición tiene seis carteras menos que España— sino, sobre todo, las medidas con las que se ven obligados a salir de vez en cuando sus titulares a la palestra para justificar su mera existencia. Al menos, el ministro de Universidades, Manuel Castells, está desaparecido, consciente de que su proyecto de ley orgánica sobre el sistema universitario tiene pocos visos de éxito. Es penoso tener que decir esto, pero lo es más soportar ocurrencias ideológicas cuando las previsiones de superación de la crisis económica producida por la pandemia ya retrasan esta al 2023.
