En los albores de la transición, el pacto entre contrarios fue un elemento de avance; tanto en lo político como en lo social y económico. Tan importante resultó el que culminó en la Constitución española de diciembre de 1978, como aquel que de manera previa permitió la firma de los Pactos de la Moncloa, eje de la recuperación de una economía desestructurada y anclada en los patrones de una sociedad poco moderna y todavía con los tics intervencionistas de la dictadura.
Durante los últimos tiempos, los acuerdos entre sindicatos, patronal y Gobierno han seguido siendo muy importantes ante momentos decisivos en nuestra economía, como la enorme crisis de oferta que se ha vivido durante la pandemia. A más de una decena de acuerdos se han llegado. No se entiende, por lo tanto, que en un asunto como la fijación del salario mínimo interprofesional se haya obviado el intensificar en el diálogo con la patronal, aun partiendo —y no somos desconocedores de ello— de que es una prerrogativa del Gobierno de la nación.
En unos días vence el plazo de vigencia de los Erte debido a los efectos de la pandemia. Es momento otra vez de evaluar la importancia de la negociación entre las partes. Es solo una fecha más del calendario. Después vendrá la negociación de los nuevos convenios colectivos y de las reformas estructurales que todavía necesita nuestra economía; entre ellas, volverá a estar sobre la mesa la reforma del mercado laboral. Sabemos la ideología que subyace en parte del equipo económico del Gobierno. En un país democrático, tan legítima como cualquier otra siempre que respete los principios de nuestro Estado de derecho basado en la Constitución. Pero puede concurrir el peligro de que se obvie el clima de consenso entre los agentes implicados. El escenario económico de España ha cambiado y seguirá cambiando después de la pandemia. Las dudas sobre la economía post Erte y post créditos Ico, con una inflación emergente por primera vez en años –aunque se contengan por el momento en límites aceptables la subyacente- y con unos indicadores actuales de crecimiento muy por debajo de lo esperado según nos ha comunicado por sorpresa el INE esta semana, requieren un tablero estable y una comunión entre las administraciones y los agentes sociales y económicos.
La pandemia, por lo que se ve, dificulta aún más el enganche de los jóvenes al mercado laboral
Pero hay una cuestión que llama la atención sobre todo, y que se ha conocido en los últimos días: la cifra de jóvenes que ni tienen empleo ni cursan estudios en España es simplemente dramática. Un 19,9% de entre 18 y 24 años no tienen ocupación alguna en nuestro país, el segundo lugar entre los de la OCDE. Y lo significativo es que la cifra, que venía cayendo desde el 2016, ha aumentado en el 2020. La pandemia, por lo que se ve, dificulta aún más el enganche de los jóvenes al mercado laboral y no logra romper la tendencia al desenganche de los centros formativos. Por supuesto, no hablamos de responsabilidades, que las hay para repartir, también en los propios jóvenes, pero habría que llegar a un pacto general sobre la formación dual. La actual Ley Celaá, tan criticada, y con razón, en alguno de sus apartados, pone las pautas para que se desarrolle en el futuro una formación dual que, sin olvidar la formación general, permita adecuar la oferta educativa a la demanda laboral. La cuestión es que se profundice en ella y que se exima a la Universidad de ser una fábrica de títulos decorativos y de parados.
