Los empresarios de Castilla y León, a través de su organización territorial más representativa (Cecale), ha garantizado al Gobierno de España y al autonómico sus disposición a cumplir con las medidas del Estado de Alarma decretado desde este lunes, pero ha pedido medidas que mitiguen la caída de actividad.
«Garantizamos que todo el ecosistema empresarial, desde las grandes empresas a las medianas, pequeñas y los autónomos, cumpliremos con responsabilidad los mandatos que implica el Estado de Alarma decretado», afirma Cecale a través de un comunicado difundido este domingo.
No obstante, ante la reunión del Consejo del Diálogo Social prevista para este lunes (16 de marzo) y al día siguiente la programada por el Gobierno de España, los empresarios piden que la adopción de medidas «que ayuden a dar una rápida respuesta a los supuestos de caída repentina de la actividad; para así minimizar el impacto económico y empresarial», así como para «garantizar la protección de las personas trabajadoras y de toda la sociedad en general».
La situación de excepcionalidad derivada de la pandemia del COVID-19 «exige una respuesta amplia desde las instituciones nacionales y desde la UE» a través de mecanismos «útiles y rápidos» que garantice la liquidez a las empresas», especialmente las pequeñas y medianas, «para evitar su quiebra inmediata».
Esta organización, en la que participa la Federación Empresarial Segoviana (FES), propone para ello «medidas urgentes de índole laboral» como la «simplificación y agilización de los procedimientos en los expedientes de regulación temporal de empleo (Ertes’s), con efecto retroactivo, y el reconocimiento en situaciones como el actual Estado de Alarma de una fuerza mayor para su presentación».
Ante la falta de liquidez provocada por la inactividad, Cecale plantea que se suspenda la obligación del pago de cotizaciones por parte de la empresa» y que, en lo que al trabajador se refiere, «contemple el acceso a la prestación por desempleo sin exigir periodo de carencia y sin perjuicio del reconocimiento de futuras prestaciones» por el mismo concepto.
Considera también imprescindible facilitar la posibilidad de realizar el trabajo a distancia, además del aplazamiento y fraccionamiento de los pagos tributarios «de manera automática y sin intereses» por un plazo suficiente para permitir la liquidez de las empresas y básicamente de los autónomos.
Esta colectividad de autónomos requiere a su juicio «una suspensión de las cotizaciones sociales, el abono de las bajas desde el primer día y la articulación de una prestación por cese a cargo de un fondo extraordinario».
Por último, concluye el comunicado, «es absolutamente necesario y urgente poner en marcha una línea de avales públicos suficiente que facilite el acceso al crédito por parte de las empresas, especialmente de pymes y autónomos, y que las administraciones Públicas abonen de inmediato a sus proveedores las facturas pendientes y las que reciban».
