La Corporación municipal aprobó este viernes dar cumplimiento al pago de 2,2 millones de euros como consecuencia de las sentencias condenatorias por la edificación de la casa de la Parra, los intereses derivados de la expropiación del talud de Padre Claret y la disolución del contrato y del lucro cesante del parking de José Zorrilla.
Lo hizo gracias a una modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario con cargo a los remanentes municipales que contó con el apoyo de los concejales de Partido Socialista e Izquierda Unida, las abstenciones de Ciudadanos y Podemos-Equo y el voto en contra del Partido Popular.
“Votamos en contra porque es algo que resta y que viene derivado de una mala gestión. Las sentencias y el CAT le han costado a los segovianos 40 millones de euros, 800 por habitante, que podían haberse utilizado para invertir en los barrios. Quizá si se lo quitasen de sus sueldos les dolería más y empezarían a gestionar mejor”, argumentó el portavoz popular, Pablo Pérez, en un debate que se convirtió en una sucesión de reproches entre los dos principales partidos del Ayuntamiento.
La posición de los populares no gustó al resto de grupos, e incluso el concejal naranja David García-Foj instó al grupo municipal del PP ha replantear su posición en la votación “por responsabilidad”.
“A nadie le duele más tener que pagar las sentencias que a esta alcaldesa, pero es algo que tenemos que hacer”, defendió la regidora, Clara Luquero, cuyo grupo agradeció al resto de fuerzas del pleno que no bloqueasen la aprobación del dictamen que sirve de punto y final, según el portavoz municipal, para los tres contenciosos.
