La formación Izquierda Unida ha lamentado la resolución del TSJ de desestimar su recurso y no contemplar el diputado provincial que según IU les correspondía en la Diputación. Y aseguran que con esta sentencia se deja “sin representación a más de 4.000 votantes de IU”.
En un comunicado de prensa, IU asegura que respeta la valoración de los magistrados del TSJ, aunque insisten en sus argumentos y entienden que algunos de ellos no se valoraron.
“La sentencia considera que la candidatura registrada en El Espinar fue presentada por una formación política distinta de la coalición Izquierda Unida-Unidad Popular. Sin embargo, obvia que el responsable electoral de ambas formaciones era el mismo, cosa que, de tratarse efectivamente de dos formaciones distintas, hubiera sido imposible y desde luego hubiera tenido que dar lugar a una subsanación solicitada por la Junta Electoral de Zona, algo que sin embargo no se hizo”, señalan.
Por otra parte, aseguran que fue “únicamente la publicación en la web del Ministerio de Interior fuera lo que hizo saltar las alarmas”, ya que, si estamos ante un hecho de tanta relevancia, “tendría que haber sido objetado con anterioridad”.
“La realidad es que más de 4000 votantes de Izquierda Unida finalmente se han quedado sin representante en la Diputación Provincial, en favor de un partido que va a regir la institución con mayoría absoluta, lo cual agrava todavía más el asunto. Sin duda se han mermado los derechos de una parte del electorado, entre otros el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución”.
En opinión de IU la Diputación de Segovia continuará siendo “una institución al servicio del Partido Popular, carente de ambición y de vocación de servicio”.
Pero -agregan- a pesar de esta resolución, Izquierda Unida de la Provincia de Segovia “trabajará desde fuera para dar a conocer sus propuestas y reivindicaciones para la provincia y sus municipios. Seguiremos defendiendo la voz de la mayoría social y reivindicando unos servicios públicos y de calidad para la provincia, cada vez más afectada por problemas como la despoblación y por la falta de inversiones”.
Por otra parte, Izquierda Unida asegura que en los próximos dos días tomará una decisión sobre si continua o definitivamente aparca la vía judicial. Aunque considera “válidos sus argumentos, la posibilidad de una futura condena en costas dificulta en gran medida la opción de presentar un recurso ante el Constitucional”. De hecho, se sumaría a los más de 24.000 euros que debe afrontar por la condena en costas por el caso del Torreón de Lozoya.
