Los abogados del turno de oficio se concentraron ayer frente a las puertas del Palacio de Justicia de Segovia para protestar por la situación de impagos que sufren desde hace cuatro meses. El colectivo, que presta servicios de asistencia a detenidos, así como a víctimas de violencia de género y de agresiones sexuales, continúa a la espera de que el Ministerio de Justicia les ingrese la «escasísima» subvención que deben percibir por sus servicios de noviembre, diciembre, enero y febrero.
En total, son 268.732 euros los honorarios adeudados a los 126 letrados que en Segovia prestan servicio en el turno de oficio. Una situación que no padecen todos los abogados de España, sino solo aquellos pertenecientes a los catorce colegios dependientes del Ministerio.»Exigimos un turno de oficio digno, el pago a mes vencido y la actualización de los baremos aplicados en cada caso, que actualmente no llegan al 10% de los honorarios establecidos», expresó el decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julián Sanz Gómez.
Desde el Ministerio, según los responsables del Colegio segoviano, se alega la imposibilidad de hacer frente al pago por «ajustes presupuestarios», un discurso y un problema que no es nuevo.»Es algo que viene sucediendo de manera reiterada y, aunque sí que es verdad que en 2018 durante varios meses se pagó a mes vencido, el Ministerio está incumpliendo ahora el real decreto en el que se comprometió a ir abonando los pagos cada mes», explicó Sanz Gómez.
De continuar esta situación, sin recibir el pago de sus servicios, los letrados no descartan ir más alla en sus protestas y presionar al Gobierno con, por ejemplo, «la no asistencia en tiempo a los detenidos o suspender las asistencias a temas civiles».
La protesta contó además con el apoyo y la presencia del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, representado por su presidente, Julio Sanz Orejudo. «Apoyamos primero, las reivindicaciones; segundo, las movilizaciones y las concentraciones, y cualquier clase de acción que quiera poner en marcha cada uno de los colegios. Me consta que hay unanimidad en seguir poniendo en solfa esta situación y reivindicando lo que es justo», explicó Sanz Orejudo, quien además calificó la demora y los argumentos del Ministerio de como algo «injustificable, que no convence a nadie».
