El juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional contra el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell afrontará esta semana su recta final con la exposición de los informes de conclusiones de la Fiscalía y las defensas de los seis acusados. Será hoy, lunes, cuando el representante del Ministerio Público Javier Polo exponga al tribunal, que preside la magistrada Concepción Espejel, las razones que le han llevado a rebajar su petición para el principal acusado de 11 años de prisión a seis.
Además del expresidente del equipo ‘blaugrana’ están acusados su mujer, Marta Pineda; su socio Joan Besolí, el cuñado de éste, Antonio Ramos; su amigo personal José Colomer, y su presunto testaferro, Sahe Ohanessian. Los cambios que ha hecho la Fiscalía, que benefician a todos los encausados, se sustentan en supresión del carácter presuntamente continuado del delito de blanqueo y que la estructura que formaron presuntamente se debe calificar como grupo criminal y no organización criminal, como se atribuía al principio y que agravaría la condena.
Así, el fiscal pedía para Rosell seis años de cárcel por el presunto blanqueo de capitales y otros cinco por el de organización criminal, que ahora baja a cuatro y dos años, respectivamente. No obstante, la multa que considera que debe pagar sí se ve incrementada casi un millón de euros —de 59 millones pasa a ser a casi 60 millones de euros— al recalcular el importe que presuntamente habría blanqueado.
En cuanto a Joan Besolí, interesa la imposición de una condena de cinco años de cárcel por los mismos delitos, más 40 millones de euros de multa. El socio de Rosell también ve una disminución de cinco años en la petición de pena, además de una rebaja de unos 15 millones de euros en la sanción económica.
Para la mujer, el cuñado y el presunto testaferro, el fiscal pide un año y 11 meses de cárcel para cada uno de ellos por el delito de blanqueo y grupo criminal; mientras que para Colomer se solicita un año y medio de prisión.
El Ministerio Público afirmó en el escrito de acusación definitivo que los seis acusados, liderados por Rosell y Besolí “conforme a las capacidades de cada uno aportaba”, estaban guiado por el «común propósito de obtener importantes beneficios económicos como contraprestación a su ilícita actividad”. Para ello, al menos desde el año 2006, “formaron una agrupación delictiva de intereses comunes, reforzada por vínculos de amistad y parentesco, dedicada al lavado de capitales a gran escala, a sabiendas de su ilícita procedencia”, añadió.
El expresidente del Barça y, especialmente, su socio —que ambos quedaron en libertad provisional el pasado 27 de febrero, tras casi dos años encarcelados— se sirvieron de sus conocimientos sobre operativa bancaria para la creación y uso de sociedades, “muchas de ellas, puramente instrumentales, sin infraestructura y radicadas en paraísos fiscales”, para permitir a otros “la realización de determinadas operaciones cuya finalidad era la incorporación al tráfico legal de los beneficios obtenidos en actividades penalmente relevantes o ilícitas, con independencia del país de comisión”, explicó el fiscal.
Firmas de contratos
De este modo, el fiscal subrayó que Texeira —investigado que no se juzga en este procedimiento— se benefició de Rosell con la ocasión de la firma de contratos deportivos relacionados con la compraventa de los derechos audiovisuales de la Selección Nacional de Fútbol de Brasil realizada por la citada CBF en favor de la sociedad International Sports Events. Una vez que concluya el informe del fiscal será el turno de las defensas, que ya manifestaron que elevaban a definitivas sus conclusiones y, por tanto, mantenían la petición de absolución de sus clientes.
En ese mismo momento, tras analizar durante unos minutos el escrito de conclusiones definitivo del Ministerio Público que les fue facilitado, los abogados denunciaron ante el tribunal que la modificación del fiscal, aunque supone una petición más benévola para sus defendidos, causa indefensión y vulnera el principio acusatorio, ya que se “introducen hechos que no están en el escrito inicial”.
El propio Rosell defendió durante su declaración, en la que no respondió al fiscal por entender que el escrito de acusación está lleno de “errores y falsedades”, que los contratos que firmó con su sociedad Uptrend Unlimited fueron legales y se enmarcaron en la normalidad del negocio de los derechos del fútbol. “Aquí ni hay balón ni tienda para comprarlo. No hubo comisiones, sólo una retribución a mi empresa”, señaló el expresidente del FC Barcelona.
