La Asociación Segoviana de Empresas Auxiliares de la Construcción (ASEAC) ha celebrado una jornada técnica sobre la Ley de Contratos del Sector Público, y denuncia que las pequeñas empresas se ven perjudicadas frente a las grandes constructoras.
Según señaló el presidente de ASEAC, Carlos Polo Gila, el actual “marco de la subcontratación y la falta de implicación de las administraciones públicas en su control, tienen como consecuencia una nefasta distribución del dinero público, beneficiando a un reducido número de empresas en perjuicio de numerosas empresas subcontratistas (pymes y autónomos)”. A su juicio, el “diferencial de fuerzas” entre las grandes y las pequeñas empresas conlleva que “aquéllas impongan sus reglas de juego (contratos leoninos, forma de pago abusivas,…..) a éstas, que se ven obligadas a aceptarlas para mantenerse a duras penas, impidiendo así la consolidación y afianzamiento de un segmento empresarial tan necesario como importante: el subcontratista”.
Meros intermediarios
En la clausura de la Jornada Técnica sobre las ‘Novedades de la Ley de Contratos del Sector Público y Ley de Refuerzo contra la Morosidad’, Carlos Polo explicó que desde ASEAC se considera que hasta ahora “se ha vulnerado el espíritu de la Ley de Contratos del Estado, se han legislado pequeñas cuñas, forzadas, para la subcontratación, permitiendo que los contratistas hayan ejercido de meros intermediarios, beneficiándose del dinero público con muy poco riesgo y esfuerzo y en perjuicio de los verdaderos ejecutores de las obras”.
Recuerdan desde ASEAC que en todos los estudios y prólogos de las distintas leyes, “los abogados del Estado y los legisladores siempre utilizan el principio de, que quién gana una licitación pública la tiene que ejecutar con sus medios y a su riesgo; y nunca han permitido como ahora, que el contratista lo ejecute como explotación económica, con los medios, la inversión y los beneficios de otro: el subcontratista”.
Por otro lado, ASEAC hace hincapié en el daño que produce en estas pequeñas empresas el retraso en los pagos por parte de la Administración. Para ello cita un informe de la Comisión Europea sobre morosidad, según el cual 6,50 millones de puestos de trabajo en el año 2017 podrían haberse creado en Europa si hubiera habido menos retrasos en el pago de facturas a proveedores. “Por eso, apoyamos con firmeza y convencimiento las iniciativas que trabajan para ver la luz a la Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad tan necesaria como vital para pymes y autónonmos; y esperar que nuestras administraciones públicas empiecen de una vez por aportar por la inversión pública».
