UGT estima que en la provincia de Segovia hay 600 empleados con contratos eventuales que deben ser reconvertidos por las administraciones en indefinidos y anima a los trabajadores a luchar por su reconocimiento.
Los secretarios generales de la Federación de empleados de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León y de Segovia, Tomás Pérez Urueña y Miguel Ángel Mateo, respectivamente, aseguran que los tribunales han reconocido en varias sentencias que las administraciones “juegan” con los trabajadores y cometen “fraude de ley” utilizando distintas fórmulas para mantener durante más de tres años y en algunos casos “décadas” a los trabajadores como eventuales aunque tienen las condiciones para ser “indefinidos, no fijos”.
Miguel Ángel Mateo asegura que en los ayuntamientos más de 20 por ciento de los contratos a tiempo indefinido los tienen como eventuales, pero la situación también se da en la Diputación y en la Junta. Señala en concreto y como ejemplo al Ayuntamiento de Cuéllar donde se pasan “trabajadores de laborales a funcionarios, y de funcionarios a laborales» y a la Gerencia de Servicios Sociales.
El secretario provincial de FeSP asegura que es frecuente encontrar en los ayuntamientos trabajadores que llevan años desarrollando trabajos propios de las competencias municipales con contratos de obra y servicio que son para situaciones coyunturales y para poco tiempo. “A estos trabajadores se les está reconociendo en sentencias contratos a tiempo indefinido” dice Mateo. “Recomiendo a todos los empleados públicos que lleven más de tres años contratados — añade Mateo— que se pongan en contacto con UGT para que se les reconozca como indefinido”.
Tomás Pérez Urueña considera que es “muy triste que los ayuntamientos comentan fraude de ley” y pide que no abusen de la eventualidad. “Que cumplan la ley como ellos obligan a los ciudadanos a hacerlo; y no nos obliguen a ir a los juzgados” reclama el responsable regional de la FeSP que ha defendido en Segovia las aportaciones que este colectivo ofrece a la Comunidad. Asegura Pérez Urueña que a los funcionarios “se nos ha tratado como parásitos” pero está empezando a mejorar su imagen ya que “los empleados públicos ayudan a la economía y fijan población”.
De forma que UGT exige a la Junta la aplicación de medidas como la jornada de las 35 horas y la recuperación de las retribuciones “para devolver la dignidad a un sector machacado” pero también para “el sostenimiento de una de las mejores fuentes de ingresos de Castilla y León”. Miguel Ángel Mateo estima que las subidas salariales aplicadas en 2019 a los 11.830 empleados públicos de las distintas administraciones que hay en Segovia han hecho que entre medio millón de euros cada mes en esta provincia, y sumado a las mejoras de las pensiones, un total de 920.000 euros, que repercuten en la economía local.
35 horas en Cuéllar
UGT Segovia está desarrollando una campaña de recogida de firmas en el Ayuntamiento de Cuéllar para reclamar la implantación de la jornada de 35 horas y no descarta la convocatoria de movilizaciones. Miguel Ángel Mateo asegura que esta medida se está implantando en “la mayor parte de los ayuntamientos” y considera llamativo que Jesús García como diputado vote a favor de su aplicación en la Diputación y la niegue como alcalde en el Ayuntamiento de Cuéllar.
La ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 incluye en una disposición adicional que las administraciones públicas podrán establecer en sus calendarios laborales, previa negociación, otras jornadas ordinarias diferentes a la establecida con carácter general, esto es, la de 37,5 horas, si bien deben cumplir unas reglas de gasto, en cuanto déficit público y pago a proveedores. “Y el Cuéllar las cumple”, asegura el secretario de FeSP Segovia.
