Jornada de movilizaciones la vivida ayer por los trabajadores de la Junta de Castilla y León quienes, convocados por el sindicato Comisiones Obreras, se manifestaron a primera hora de la mañana frente a la Delegación Territorial de Segovia y, a mediodía, frente a las Cortes en Valladolid, donde trasladaron a los diferentes grupos políticos sus reivindicaciones.
El objetivo de estas protestas es “lograr la restitución de los derechos laborales del personal al servicio de la Administración regional perdidos durante la crisis”. Entre las reivindicaciones está la vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales, la convocatoria de oposiciones pendientes del año 2017 y una “negociación seria” que incluya un Plan de Igualdad.
También se pide que se restituyan las condiciones para la jubilación parcial —pasar del 25 por ciento actual al 50% que existía anteriormente—; que se vuelvan a otorgar las ayudas de carácter social para el conjunto de trabajadores de la Junta; que se abone la parte pendiente de las pagas extras suprimidas en el año 2012 para los grupos profesionales A1 y A2; y que se negocie el destino del 0,2% de subida de la masa salarial (fondos adicionales), en los términos recogidos en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo, firmado en Madrid el pasado 9 de marzo.
“Si la Junta de Castilla y León no se sienta a negociar, el Área Pública, formada por las Federaciones de Servicios a la Ciudadanía, Sanidad y Educación, convocará una jornada de paros parciales en la semana del 28 de enero al 3 de febrero y, si fuera necesario, una huelga general durante el primer trimestre del próximo año”, aseguran desde CCOO.
Los responsables sindicales recuerdan que las Cortes de Castilla y León registraron sendas Proposiciones de Ley, una del Grupo Popular y otra del resto de partidos, que pretenden regular la carrera profesional de los empleados públicos, sin que haya habido ningún tipo de negociación con sus legítimos representantes.
Además de las protestas, desde CCOO aprovecharon la jornada para entregar un conjunto de enmiendas a la Proposición de Ley del Grupo Popular sobre carrera profesional en el intento de reconducir el “tremendo despropósito” que resultaría de aprobarse en los términos actuales.
