Los ingenieros de montes y forestales han amenazado con ir a la huelga en plena campaña de incendios en protesta ante el borrador de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que pretende aprobar la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y que consideran que causaría •graves perjuicios» tanto a estos colectivos como a otros.
Así lo han expresado después de que los empleados públicos del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia se hayan concentrado a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta como medida de protesta ante la falta de respuesta a sus reivindicaciones por parte de la Consejería.
El borrador, ha señalado la Asociación que aglutina a estos colectivos en un comunicado, causaría «graves perjuicios” principalmente al colectivo de funcionarios ingenieros de montes e ingenieros técnicos forestales, pero también a otros cuerpos como ingenieros técnicos de obras públicas, así como al correcto funcionamiento de todo el Servicio en general.
Según la Asociación, con la modificación que se propone la falta de personal no será algo temporal sino que adquirirá la condición de casi perpetua e irreversible”. Por ello, la consideran “arbitraria, injustificada e innecesaria” en los términos en los que está planteada, ya que las competencias de la Consejería han aumentado “exponencialmente” y el borrador de RPT “lejos de aumentar el número de plazas de manera proporcional” a las mismas, “suprime directamente” un tercio de la plantilla para estos cuerpos, lo que supone que la gestión diaria del patrimonio natural de Castilla y León “se verá seriamente comprometida”. En total en Castilla y León se perderían 52 puestos de trabajo, cuatro en Segovia.
De aprobarse el borrador durante el verano, consideran que existirían «serias dificultades» de personal para asumir la dirección de la extinción de los incendios forestales y en caso de retrasar su aprobación a después de la campaña, lo único que se haría es posponer el problema al año siguiente.
En cuanto a condiciones laborales, la Asociación ha criticado que se pone en riesgo la carrera profesional de estos colectivos, de manera que se les priva de su derecho a promocionar, y obtener una plaza en destino definitivo para muchos de ellos que aún se encuentran en destino provisional desde hace más de diez años o simplemente se les impediría ejercer su puesto de trabajo en su provincia de residencia.
Además, consideran que se «hipoteca» el futuro de los nuevos ingenieros que quieran acceder al empleo público, así como al tejido empresarial íntimamente ligado a las competencias de la Consejería.
