La amenaza de huelga por los principales actores de la administración de justicia: magistrados, jueces y fiscales es una realidad en Segovia, pues ayer mismo ambos colectivos escenificaron su apoyo expreso a las catorce medidas propuestas por las asociaciones judiciales, así como a las peticiones efectuadas por las asociaciones fiscales, además de mostrar su intención de secundar “todas las medidas de movilización acordadas conjuntamente” que se iniciarán el próximo jueves, 19 de abril, con paros parciales y, “si nada lo evita”, desembocarán con una huelga el 22 de mayo.
El lugar elegido para dar a conocer a la opinión pública estas medidas de presión fue la Sala de Vistas del viejo Palacio de Justicia de la calle de San Agustín, y la voz ‘cantante’ en este caso correspondió al juez decano, Jesús Martínez Puras, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Segovia, a la magistrada Carolina Otero Bravo, titular del Juzgado de lo Social, y a la fiscal de Menores de Segovia, Laura Santiago Villafañe, arropadas por otros compañeros de juzgados de toda la provincia y de la Fiscalía, entre ellos el presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Pando Echevarría. En la provincia hay 16 magistrados y jueces y ocho fiscales, incluyendo al fiscal jefe.
Fue Laura Santiago quien dio a conocer el calendario de movilizaciones que incluyen paros parciales desde las 12 del mediodía a las 13 de la tarde todos los jueves a partir del día 19; es decir incluyendo esta semana y continuando los días 26 de abril y 3 y 10 de mayo; así como una concentración en Madrid prevista para el 4 de mayo y la citada jornada de huelga el 22 de ese mismo mes, “sin perjuicio de lo que pueda resultar del proceso de negociación iniciado”.
Parte de las medidas que reclaman jueces y fiscales pretenden reforzar su independencia
Ambos colectivos han consensuado un texto que leyeron los tres representantes citados, de manera que el juez decano comenzó recordando que las catorce medidas propuestas por las asociaciones judiciales el 16 de junio del año pasado fueron asumidas después por 1.200 juntas de jueces de todo el Estado y han contado con la adhesión individual de 3.500 jueces y magistrados. Asimismo, todos los presentes apoyan las peticiones de las asociaciones fiscales para la mejora de su Estatuto y funciones.
La finalidad, dicen, es mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, “que se le preste una mayor atención” en beneficio de la colectividad y del interés público en general.
Carolina Otero pormenorizó cinco medidas tendentes a reforzar la independencia judicial, en relación, por ejemplo, con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), así como al sistema de nombramiento de altos cargos judiciales y de los vocales del CGPJ.
Piden que los funcionarios que luchan contra la corrupción dependan de ellos directamente
En cuanto a la modernización de la Administración de Justicia, además de un plan de inversión suficiente y prolongado, reclaman un aumento de las plantillas y modernización de edificios, entre otras medidas. Otras reivindicaciones se refieren a la racionalización de la planta judicial con la implantación de los tribunales de instancia, creación de más órganos judiciales y medidas que eviten la precarización judicial y fiscal.
La fiscal Santiago Villafañe habló de la revisión del modelo de Oficina Judicial, de la mejora de las condiciones profesionales (retribuciones, permisos, conciliación, cargas máximas de trabajo, etc.) y de otras medidas específicas en el Ministerio Fiscal, como el refuerzo de su independencia o la autonomía presupuestaria.
