Uno de los testigos, Roberto P., que declaró en la Audiencia Provincial de Valladolid en el juicio del ‘caso ataúdes’, confirmó que en las fotos mostradas por la Policía Científica durante la investigación, y que fueron tomadas por el extrabajador de la funeraria Justo Martín, pudo ver el cuerpo de su padre sobre un palé de madera y con un cartón sobre el pecho, en el que estaba escrito su nombre.
Fue uno de los testimonios más conmovedores de entre la veintena de testigos que pasó este martes por la sala. Roberto P. recuerda que su padre falleció en Gijón en agosto de 2013 y fue incinerado en las instalaciones del Grupo Funerario El Salvador, y que en junio de 2019 la Policía Nacional se puso en contacto con él para enseñarle unas fotos de su padre. “Reconocí a mi padre pero no estaba en el féretro de zinc precintado con el que vino de Gijón. Las imágenes mostraban a mi padre sobre un palé de madera y un cartón sobre el pecho, en el que estaba escrito su nombre”.
Roberto P. también declaró que el velatorio tuvo lugar en las instalaciones nuevas del tanatorio del Salvador pero que la cremación tuvo lugar en Santovenia, pese a que la familia no fue informada en ningún momento ni se le pidió permiso. “Nosotros dimos por hecho que la incineración se había producido en el mismo tanatorio”, respondió al Ministerio de Fiscal.
Al igual que el resto de los testigos, aseguró que los seres queridos pudieron entrar en una sala acristalada en la que se veía el féretro para despedirse de su padre, Moisés. A continuación, el personal de la funeraria cerró las cortinas. “Me parece una barbaridad, una crueldad extrema, una falta de profesionalidad por parte de los empleados y una vergüenza que no tiene límites”, sentenció.
María del Carmen B. también ofreció su testimonio por la incineración de su hijo, fallecido en 2003. “Todo se hizo muy deprisa”. Declaró que le hubiera gustado estar más tiempo con su hijo, pero que se lo quitaron. “Me agarré al féretro para estar un rato más con él pero uno de los trabajadores del Salvador lo metió para dentro y ya no vi nada más”. También hizo referencia al episodio que vivió su otro hijo cuando, pasados dos días, fue a recoger las cenizas de su hermano en las oficinas de la funeraria. “Tuvo un encontronazo con un trabajador porque al llegar allí vio que la urna estaba tirada en el suelo, en un rincón”.
Otro de los testigos fue María Begoña P., por la incineración de su marido Antonio R., que se suicidó en 2014. Afirmó que ella y su hija pidieron entrar a despedirse pero que, luego, les mandaron salir. “Tengo mil sentimientos encontrados. No dejo de pensar que mi marido, antes de acabar con su vida, dejó sus voluntades escritas, que no se han cumplido y yo no he podido hacer nada. Nadie puede estar con esta zozobra”.
María Asunción B., que acudió a declarar por la cremación de su padre, recordó que una empleada de la funeraria -Anabel M.- les presionó a ella y a su hermana para adquirir un féretro más caro. “Como iba a ser incinerado, pensamos en comprar un ataúd sencillo pero la trabajadora nos dijo que nuestro padre se merecía lo mejor, por lo que, al final, elegimos el de un precio más elevado”.
María Eugenia R, que incineró en El Salvador a su marido Esteban, declaró, en relación a las cenizas que les entregaron en una urna, que pasados dos días se extrañó porque pesaban poco y al derramarlas, parecían piedras. “En aquel momento, no lo procesas”, afirmó.
El juicio continuará con la declaración de más testigos por una causa en la que la Fiscalía solicita condenas que superan los 200 años de cárcel por el supuesto fraude, que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre los años 1995 y 2015. De la lista de acusados se quedaron fuera el empresario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador, Justo Martín, ambos por fallecimiento.
Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel. El Ministerio Público solicita cinco años de cárcel por constitución de organización criminal; siete años y seis meses para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
