El pleno de la Diputación provincial ha tomado razón esta semana de la liquidación del presupuesto de la corporación de 2017, que arroja un superávit de 5.751.987,66 euros que se van a destinar fundamentalmente a financiar inversiones económicamente sostenibles.
En este apartado se van a incluir las actuaciones del Plan de Carreteras y los diferentes programas para el fomento del empleo en los que trabaja la institución provincial.
El Plan de Carreteras que se va a financiar con el superávit es el que se recogía en el presupuesto de 2018, que asciende a 1,5 millones, e incluye proyectos correspondientes al último ejercicio del plan trienal en curso.
Además, la capacidad de financiación que ha arrojado el presupuesto de 2017 dará de sí para dar respaldo a las actuaciones que en materia de empleo llevará a cabo la Diputación provincial en 2018. Entre ellas está el desarrollo de un nuevo Pleplan que prevé al menos llegar a los niveles de contratación de 2017, que alcanzaron los 128 trabajadores y la puesta en marcha de una nueva edición del Plan de empleo forestal local, que el año pasado contrató a 22 personas.
Por otra parte, aproximadamente la mitad del superávit presupuestario se destinará a amortizar deuda viva del erario provincial.
Como en la liquidación también ha aflorado un importante remanente de tesorería, (otra de las magnitudes que se producen al cierre del ejercicio) se utilizarán otros 1,5 millones procedentes de esta hucha para emplearles en otro paquete de inversiones en vías provinciales.
El remanente de tesorería también servirá, además de nutrir de fondos a un nuevo plan de carreteras, para llevar a cabo los diferentes compromisos en materia de personal que asumirá la institución, cifrados en unos 300.000 euros.
Cumplir, como ha hecho la Diputación, con los criterios que marca la ley en cuanto a liquidar el presupuesto con estabilidad presupuestaria (es decir tener capacidad de financiación para los principales gastos y no incurrir en desequilibrios económicos); respetar la regla o techo de gasto; entrar en los ratios de endeudamiento que marca la normativa (el volumen de deuda de la institución ocupa el 31,42 % de los recursos ordinarios frente al tope del 110% que permite la ley); y pagar a los proveedores muy por debajo de los 30 días contemplados (el último periodo medio de pago fue de 19 días) ha sido clave para poder utilizar el superávit en inversiones financieramente sostenibles.
Una opción que está contemplada tras las últimas modificaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ya que antes el resultado positivo de las cuentas únicamente podía ser usado para amortizar deuda, en caso de que existiera.
