El presidente de Centrados en Segovia, la asociación heredera de UPyD en la provincia, Juan Ángel Ruiz, ha afirmado que la valoración es «más que positiva». El líder magenta ha recordado que la formación que entonces encabezada Rosa Díez protagonizó el germen del proceso, con una denuncia presentada en octubre de 2011.
Los avatares de esa formación motivaron la salida del proceso por parte de la organización, aunque Ruiz ha asegurado que «lo importante» es que finalmente el juez dictaminará sobre los hechos, según informa Europa Press
El también diputado provincial ha lamentado la actitud de la Fiscalía en este proceso, después de que el Ministerio Público desistiese en la acusación y recomendase el sobreseimiento, una posición que equivale, según Ruiz, a ponerse «de lado», lo que califica como «decepcionante» para la sociedad segoviana.
Mientras, desde Izquierda Unida, se ha referido a un «paso más» para que «se sepa la verdad, se haga justicia y devuelvan lo robado o lo que se han llevado», algo que se tendrá que dirimir en el juicio, según Ángel Galindo. Según sus palabras, los encausados «llevaron a la quiebra» a Caja Segovia y «fueron premiados» con esas prejubilaciones millonarias, con la consiguiente «indignación» de la sociedad segoviana.
ACLARAR SI HUBO MANIPULACIÓN
Por su parte, el abogado de la coalición de izquierdas, Alberto López Villa, ha incidido en que el asunto que se debe aclarar es si los consejeros «manipularon» las condiciones para cobrar las cantidades y si Caja Segovia estababa «en condiciones económicas» para hacer frente a esos pagos.
El letrado ha puntualizado que los planes de jubilación no prevén que se pueda «premiar malas gestiones» y también que en esa época la actividad de la entidad de ahorro estaba metida «de lleno» en la burbuja inmobiliaria.
López Villa también ha hecho hincapié en el papel de la Fiscalía y ha aclarado que el papel de esa institución es el de defender la legalidad e instar al cumplimiento del Estado de Derecho y a la restitución de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Esto, según el abogado, no ha sucedido en este caso «hasta este momento». Tampoco espera que el Ministerio Público vaya a variar su posicionamiento.
Asimismo, ha argumentado que la aseguradora Caser ha pagado cantidades correspondientes a las pólizas hasta «fechas muy recientes». El abogado ha calculado que el juicio oral se pueda iniciar «antes del periodo vacacional», aunque ha llamado la atención sobre la dificultad de establecer una estimación.
