Los cambios legislativos y administrativos que en los últimos meses están afectando al sector de la Administración de Fincas en España hacen un poco más difícil la ya de por si onerosa tarea de la gestión cotidiana en una comunidad de propietarios. La buena voluntad de los vecinos a la hora de resolver problemas relacionados con el funcionamiento económico o el mantenimiento de sus comunidades ya no es suficiente, y los profesionales colegiados se muestran como una alternativa más que interesante a la hora de ceder esta responsabilidad con las mejores garantías.
Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Segovia (CAFSG), los más de una treintena de colegiados están preparados para afrontar no sólo la labor cotidiana de una comunidad, sino también para asumir las novedades en la gestión derivada de las modificaciones legislativas. Ignacio Avial, tesorero de la CAFSG, explica que una de las principales novedades que en breve tendrán que asumir las comunidades será la declaración anual informativa de operaciones con terceras personas que hacienda reclamará a partir de febrero de 2015 a las que hayan realizado operaciones por importe superior a 3.0005,06 euros durante el año natural.
En este sentido, Avial explica que las comunidades que hayan abonado una cantidad superior a empresas o autónomos por alguna obra realizada en la comunidad -fachadas, mantenimiento, pintura o cualquier otra- habrán de presentar esta declaración conforme al modelo 347, que deberá ser realizada via telemática por lo que el administrador que vaya a realizar esta gestión deberá estar en posesión del certificado digital correspondiente. El tesorero de CASFG señala que el Gobierno «busca un mayor control, y por tanto, forzar a las empresas a cotizar por todos los trabajos realizados», y aunque reconoce que es una buena medida, supone una mayor carga de trabajo para los administradores de fincas.
Por otra parte, la entrada en vigor de la zona única de pagos en euros (SEPA) obligará también a aumentar el trabajo de los administradores, al tener que emplear el código alfanumérico IBAN para las operaciones de gestión con las entidades bancarias. Avial explica que este sistema «identifica una cuenta determinada en una entidad financiera en cualquier lugar del mundo» a través de 24 caracteres, pero tiene como inconveniente es que limita la información que los emisores de los recibos pueden dar a los administrados.
«Hasta ahora en el recibo se podía escribir por ejemplo cuota ordinaria, derrama, lectura de agua anterior, diferencia, coste, o lectura de gas -explica el tesorero de CASFG-, pero ahora se ha terminado y posiblemente los administradores nos veamos obligados a enviar recibos a nuestros vecinos siempre que haya datos que detallar.
Asimismo, este sistema complica también la posibilidad de que los vecinos puedan devolver recibos, por lo que Avial recomienda a los presidentes o administradores encargados de su emisión que sean «muy cuidadosos de contar con el consentimiento de los vecinos para poder girárselos».
Este nuevo escenario legislativo hace recomendable, en opinión de Avial, que las comunidades cedan la gestión a profsionales cualificados integrados en colegios. Así, señala que «si nuestas viviendas son la compra más importante que realizamos en nuestra vida, deben estar administradas lo mejor posible, y para ello los administradores son los profesionales más capacitados».
