Hasta el pasado 1 de julio la Agencia Tributaria ha prestado este servicio en las capitales de provincia, mientras que la Consejería de Hacienda —que decidió mantenerlo a pesar de las restricciones presupuestarias— lo ha desarrollado en las demás ciudades de Castilla y León y en los principales núcleos rurales. Con ello se evita duplicar funciones, puesto que la actividad que realizan las dos administraciones es complementaria. Para el gobierno autonómico supone además reafirmar su compromiso con los pueblos, ya que se facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales a sus habitantes.
El éxito de la campaña ha sido posible gracias a la contribución de los ayuntamientos de municipios que no cuentan con oficinas, ni del Estado ni de la Junta, que han cedido locales para que los contribuyentes pudieran acudir allí a realizar su declaración. Para ello, el pasado 3 de mayo, la consejera de Hacienda formó convenios de de colaboración con los alcaldes de las localidades donde ha habido putos de atención, en el marco del acuerdo suscrito en 2004 con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP).
De las 18.887 declaraciones elaboradas en las oficinas de la Junta la inmensa mayoría — en concreto 14.707, el 78 por ciento del total— se han presentado por medios telemáticos, lo que certifica la pujanza de Internet en la comunicaciones con la Administración. De hecho, ese porcentaje es cuatro puntos superior al 74 por ciento que se registró durante el ejercicio anterior.
Las provincias donde más declaraciones han elaborado los técnicos de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica de la Consejería de Hacienda han sido Burgos (4.398) y León ( 4.064) que concentran el 45 por ciento del total. Segovia se sitúa con 1.499 en el quinto lugar por detrás de Valladolid (2.254), Soria ( 1.728) y por delante de Zamora ( 1.453) Salamanca ( 1.197) Ávila (1.155) y por último Palencia (1.139). El nivel de ocupación de las oficinas al servicio del público ha sido del 110 por ciento.
Los contribuyentes se han beneficiado de 18 deducciones, dos más que el año pasado, que ha permitido reducir la factura fiscal. Por primera vez, todas las ventajas tributarias han estado limitadas por el nivel de ingresos, salvo las de vivienda y la nueva deducción para el autoempleo de trabajadores autónomos que hayan cesado en su actividad por la crisis.
Por otra parte, este años los contribuyentes han podido aplicarse tres bonificaciones en el tramo autonómico del IRPF relacionadas con la construcción. La primera ha sido una deducción del 7,5 por ciento por la compra de vivienda durante los cinco primeros años siempre que su edificación se iniciara entre el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012.
A éstas se suman la deducción por hacer reformas en la vivienda habitual y de la ligada de la Inspección Técnica de Edificios—con idénticos importes y para obras en inmuebles de más de 30 años de antigüedad, de modo que superen la revisión obligatoria que es preciso realizar a partir de los 40 años de antigüedad.
Desde la Junta recuerdan que desde el año pasado no se ha subido el tramo de IRPF, lo que supone un esfuerzo para las arcas autonómicas en un momento como el actual, por lo que, desde el Gobierno se llevan a cabo rebajas selectivas de impuestos.
