Antonio Camacho, fiscal y juez de carrera, fue ministro del Interior durante algo menos de seis meses en el último Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero pero antes, desde abril de 2004 hasta su nombramiento como ministro fue secretario de estado de Seguridad durante más de siete años, primero con José Antonio Alonso y luego con Alfredo Pérez Rubalcaba. En la actualidad es diputado del PSOE por Zamora y vicepresidente segundo de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Recientemente ha sido nombrado miembro de la comisión de igualdad del PSOE.
Antonio Camacho viajó a Segovia para reunirse con representantes de los colegios oficiales de abogados y procuradores y recoger sus impresiones sobre los efectos que está teniendo la Ley de tasas judiciales. Visitó las instalaciones de EL ADELANTADO, en cuya hemeroteca mostró interés por algunos ejemplares antiguos del diario. Cortés y prudente, en la entrevista, realizada el jueves, hace un repaso tanto a asuntos de actualidad como a otros que vivió de primera mano cuando era ministro, como el anuncio de ETA de cese definitivo de la violencia, el nacimiento del movimiento 15-M o, cuando era secretario de estado, el presunto chivatazo policial a miembros de la banda terrorista que ha desembocado en el denominado ‘caso Faisán’.
Es conocido que la gran mayoría de abogados segovianos están contra de la Ley de tasas.
Lo más sorprendente de esta Ley es que no encuentras ningún colectivo que esté a favor. En realidad no es una cuestión ideológica o de partido, es que yo creo que todos coincidimos en que afecta a los derechos ciudadanos e indirectamente a colectivos profesionales.
Sin embargo, no parece que el grueso de la ciudadanía lo perciba así hasta el momento.
Debemos ser conscientes de la situación en la que se encuentran los ciudadanos. En un año se les han recortado derechos en Sanidad, Educación, prestaciones sociales y pensiones. Su capacidad de tener información acerca de lo que está pasando en la Justicia es limitada. Pero sin duda se van a ir dando cuenta de los problemas que van a tener si quieren ir a los tribunales a defender sus derechos, porque la Justicia es la última garantía de los ciudadanos cuando ven que sus derechos son ignorados o pisoteados.
No es la única medida que ha abordado el Ministerio de Justicia. Alberto Ruiz Gallardón aparece como un ministro muy reformista: Proyectos para modificar la normativa sobre el Poder Judicial, el registro civil, la Ley de enjuiciamiento criminal, etc.
Más que un ministro reformador yo creo que es un ministro legislador. Es cierto que en una crisis económica probablemente, si pretende estar en el escenario político continuamente, lo que tiene más a mano es el Boletín Oficial del Estado. Lo que ocurre es que es preocupante porque las reformas que ha puesto en marcha y las que ha anunciado afectan negativamente a los ciudadanos. Es necesaria una mayor prudencia por parte del ministro en su programa legislativo.
¿Cual va a ser la posición de su partido en la reforma de la Ley del Poder Judicial?
Estamos trabajando en las enmiendas a presentar al texto del Ministerio. Tenemos un conjunto importante de enmiendas, prácticamente más de setenta. Nos felicitamos de que el Partido Popular haya modificado su criterio inicial en torno a la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y haya presentado un proyecto en el que deben ser elegidos por el Parlamento que, en definitiva, es donde radica la soberanía nacional. Pero luego estamos en desacuerdo en bastantes aspectos y vamos a enmendar la Ley para que responda a las necesidades que creemos tiene el órgano de gobierno de los jueces.
Usted es fiscal de carrera. Hay un viejo debate sobre si la fase de instrucción debe estar en manos del fiscal o del juez. ¿Cuál es la fórmula más adecuada?
Soy un firme partidario de la instrucción o investigación a cargo del Ministerio Fiscal. Es un debate que lleva treinta años encima de la mesa y creo que en este momento todo el mundo está de acuerdo en que el sistema más avanzado, más moderno, más eficaz, es ese, que es también el modelo del PSOE y, al parecer, del Partido Popular. En definitiva, es el modelo por el que han optado los países más cercanos a nosotros jurídicamente hablando en los últimos cincuenta años: Francia, Italia, Alemania…
Estaba al frente del Ministerio del Interior cuando ETA anunció el cese definitivo de la violencia. En su opinión, ¿en qué momento se encuentra ese proceso?
Lo primero es que el final de ETA es una obra colectiva, de todos los ciudadanos españoles que han sufrido este fenómeno a lo largo de cuarenta años, algunos de ellos de forma brutal. Pero lo que no se puede negar es que quien gestionó el final, los últimos ocho años, fueron los gobiernos socialistas y creo que lo hicieron bien. Hay que reconocer un papel capital por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y luego una gestión adecuada, a veces con una oposición muy dura del PP. Lo que me preocupa en este momento es saber si el Gobierno actual tiene una estrategia que permita conducir este proceso hasta el final definitivo y la disolución y total desaparición de la banda. Creo que no tienen, o al menos no explicitan, una estrategia clara de por dónde pretende caminar para llegar a este objetivo.
