La Asociación Provincial de Industrias de la Construcción (APIC) ha denunciado la competencia desleal que suponen las entidades financieras y se sienten «dolidos por la traición” a la que han sometido al sector del ladrillo.
De este modo se ha pasado de socios a enemigos. Se trata de un asunto que llevan tiempo denunciando. Pero en este caso la queja ha sido oficial pues se trata de una de las conclusiones extraídas tras una reunión mantenida por miembros de la Junta Directiva de la APIC, promotores y constructores segovianos. En el encuentro se ha analizado la situación del sector de la promoción en Segovia también con la base de las opiniones de los empresarios del sector.
En este sentido, lamentan que en un momentos de enormes dificultades para el sector, tengan que ver cómo las entidades financieras, además de darles la espalda a la hora de facilitar el crédito, «te roben al futuro comprador de una vivienda para ofrecerle una de sus promociones en mejores condiciones».
Así de contundentes se muestran los miembros de la patronal de la construcción que denuncian «la inferioridad de condiciones» a la que se les está sometiendo, asegurando que «los bancos ofrecen diferentes condiciones a la hora de otorgar la hipoteca, en función de si el piso se lo compra al banco o al constructor.
Y es que, según señalan, el principal problema de esta actividad es «el elevado volumen de edificaciones que las entidades financieras tienen sin vender». Un problema que se suma a la marejada del sector, la crisis de confianza, la falta de crédito y el parón que se está sufriendo en la venta de inmuebles.
Por otra parte, durante el encuentro se habló de las valoraciones que el departamento de Hacienda de la Junta de Castilla y León hace sobre los inmuebles en relación al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y los Actos Jurídicos Documentales (AJD).
Para la patronal del sector se tarta de valoraciones que están «muy por encima de los precios reales de mercado».
Por ello, desde la APIC, denuncian también «este abuso» que no se ajusta a la situación actual del mercado. Por este motivo, exigen a las administraciones competentes que «se actualicen las valoraciones a los precios reales, que no son otros que los que marca el mercado».
