Alrededor de medio centenar de magistrados, jueces, fiscales, abogados y procuradores protagonizaron ayer una concentración de protesta frente al Palacio de Justicia de Segovia para reclamar al Ministerio la paralización de algunas de sus iniciativas y exigir una serie de medidas de carácter económico y administrativo.
El juez decano, Jesús Marina Reig, leyó pasadas las 13,30 horas un manifiesto consensuado por una comisión nacional que agrupa a las principales asociaciones de jueces y fiscales y que han decidido salir a la calle a manifestar su preocupación por la situación de la Justicia.
Son propuestas con las que aseguran quieren recordar “que la Justicia no puede ser vista como un problema. Debe estar llamada a encabezar el discurso público contra la crisis”. El manifiesto aboga por una Justicia centrada en las personas, en la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, ágil, favorecedora de la seguridad jurídica y de la reactivación económica.
En este sentido reclaman la retirada del proyecto de ley de reforma de la LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial), porque consideran que perjudica la Justicia “y no encuentra justificación en la situación de crisis económica”. En su lugar estos colectivos consideran que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “debe mantener su actual estructura y competencias, potenciando el Consejo Fiscal. Rechazan cualquier modificación “que mine su independencia e imparcialidad”. Además reclaman autonomía presupuestaria para el CGPJ y la Fiscalía General del EStado y el aumento de jueces y fiscales “hasta alcanzar los parámetros de la media europea”.
El manifiesto señala que la Justicia debe ser impartida exclusivamente por jueces y fiscales profesionales y pide que se determine la carga de trabajo, aplicando un límite de entrada máximo de asuntos para que, cuando se supere, automáticamente se creen nuevas plazas.
Por otro lado, apuestan por una nueva demarcación judicial “con agrupación de unidades judiciales en grandes ciudades, creación de tribunales de instancia y nuevas oficinas judiciales y fiscales”. Sobre estas últimas dicen que el actual modelo es ineficaz “sin la modernización tecnológica e informática uniforme para todo el Estado”.
Señalan también a la adopción de medidas “para paliar el abandono y la lamentable situación en que se encuentran juzgados y fiscalías, debido a la ausencia absoluta de medios personales y materiales, con especial referencia a la penosidad de las guardias”.
Reclaman, asimismo, tasas judiciales moderadas que no limiten el acceso a la Justicia, “circunstancia que no se contempla en la actual Ley, que las establece claramente desproporcionadas”.
