¿Qué pasaría si llegara una furgoneta al Azoguejo, y empezara a sacar cochinillos y a cobrar por raciones?. Esa pregunta se la hace Mariano Vela, presidente de la asociación de guías turísticos, para argumentar que administraciones públicas y sociedad en general son permisivos con determinadas prácticas alegales que están perjudicando mucho a profesionales autónomos y a empresas que pagan sus impuestos y cotizan a la Seguridad Social.
Según el argumento de Vela, el problema del intrusismo en los guías de turismo, que ya venía de atrás, se ha agudizado con la crisis económica y, al igual que otros colectivos y organizaciones empresariales, este trabajador autónomo asegura que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social resulta ineficaz en la lucha contra esta lacra que también afecta a fisioterapeutas, monitores deportivos y de tiempo libre, academias de enseñanza, gimnasios, oficios (electricistas, carpinteros, tapiceros, pintores, etc.), así como a empresas del sector de la Construcción y las auxiliares del mismo, Transporte, talleres de reparación y, en menor medida, a Agricultura, Comercio y Hostelería.
En el caso de los guías, la normativa de la Junta de Castilla y León exige que superen un examen y obtengan una autorización administrativa. Aunque la normativa europea permite que actúen como guías turísticos los habilitados en el territorio comunitario, Vela explica que, con frecuencia, es fácil ver en Segovia grupos de visitantes acompañados por personas ajenas a la profesión; por ejemplo, viajeros orientales.
Además del daño económico que generan estas prácticas propias de la denominada economía sumergida, la delegada en Segovia del Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León, Sonia Díaz Reques, alerta de los perjuicios para la salud o las lesiones que puede ocasionar una mala praxis, por ejemplo al hacer un masaje terapéutico.
En este sentido, Díaz explica que debido a la situación económica proliferan cada vez más escuelas y centros parasanitarios de masajes, incluso personas que se anuncian en internet, y que ofertan desde masajes terapéuticos a drenajes linfáticos, osteopatía… En definitiva, prácticas propias de profesionales sanitarios como son los fisioterapeutas, que han cursado una carrera universitaria para poder ejercerlas con plenas garantías.
Cuenta la delegada provincial de este colegio profesional que “abunda gente que con cursos de cuarenta o de cien horas se lanzan a hacer masajes en peluquerías, centros de estética, etc.”
El Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León ha creado una sección para hacer frente a este problema, apoyado por un servicio legal e incluso ha editado carteles informativos que advierten que los cursos que se imparten al margen del sistema académico oficial no tienen validez.
Las denuncias vertidas desde los diferentes sectores se han intensificado también en los años de crisis económica. El presidente de APIC, Asociación Provincial de Industrias de la Construcción, Javier Carretero, sostiene que las denuncias de los socios que tramita esta patronal “están funcionando poco porque la Inspección no actúa cuando tiene que hacerlo; los inspectores se mueven de ocho a tres de la tarde y de lunes a viernes y el intrusismo se produce a partir de las seis de la tarde y sábados, domingos y festivos”.
Además añade que, desde que se presenta la denuncia hasta que se persona un inspector en el lugar donde se está realizando una obra por personal que no está al día con las obligaciones legales, suelen pasar varios días, lo que merma la capacidad de actuación. Hay que tener en cuenta, señala Carretero, que no se trata de grandes obras, si no de rehabilitaciones domésticas: un baño, alicatar una pared, etc.
Cuestiones similares trasladaban el mes pasado los responsables de ASEAC, la Asociación Segoviana de Empresas Auxiliares de la Construcción, a la subdelegada del Gobierno, Pilar Sanz.
De hecho, la Subdelegación ha informado de que desde el año pasado la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene en marcha un Plan de Afloramiento y Control del Empleo Sumergido.
Sin embargo, la Inspección Provincial, aunque recibe denuncias desde estas empresas y sectores, señala que en este momento no tiene abierto ningún expediente directamente relacionado con intrusismo o competencia desleal porque cuando ha actuado no ha encontrado constancia de actividades irregulares.
Ya alertaron los principales responsables autonómicos de los sindicatos UGT y CCOO cuando entró en vigor el citado plan que para ser realmente eficaz debía estar respaldado por “un aparato fuerte del Estado”; es decir, más recursos, cuerpos de inspectores con más personal y protocolos de actuación más eficaces. CCOO informó de que la Inspección de Trabajo cuenta en Castilla y León con 66 inspectores para una población activa superior al millón, más de 70.000 empresas y una enorme dispersión geográfica.
Las asociaciones de autónomos también ponen en el tiro de mira de sus críticas las actividades que se nutren en la economía sumergida. Desde CEAT-Segovia (asociación intersectorial de autónomos de la provincia), su presidente, Antonio Yagüe, apunta a que la Inspección actúa preferentemente con las empresas y autónomos constituidas y “es verdad que puede haber siempre alguna que no cumpla”, añade, pero dice que da la impresión de que no tiene la misma eficacia para detectar “talleres piratas, peluquerías piratas y hasta gente que se dedica a hacer y vender tartas de cumpleaños por internet sin cumplir la normativa ni pagar impuestos”.
Yagüe entiende que “hay casos extremos de autónomos que tienen que dejar de cotizar porque su negocio no puede aguantar y siguen haciendo sus chapucillas para sobrevivir. Es la pescadilla que se muerde la cola y deberían buscarse fórmulas para atajar este problema y no hacer campañas de inspección con afán recaudatorio con las empresas que aguantan”.
