Las administraciones públicas (ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, Gobierno central y empresas públicas) deben en conjunto 111 millones de euros a los autónomos segovianos, según un estudio elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).
La presidenta esta organización en Castilla y León, Soraya Mayo, presentó ayer en Segovia este informe que sitúa a la provincia en el cuarto lugar en cuanto a la deuda de las administraciones públicas a este colectivo, después de las tres provincias de Castilla y León con mayor población y, consecuentemente, con más autónomos.
Es significativo que otras provincias con mayor número de autónomos como Salamanca o Zamora, y en menor medida Palencia y Ávila con cifras que se acercan a la de Segovia, registren menor morosidad por parte de las administraciones públicas.
Mayo puntualizó que no necesariamente se trata de administraciones públicas que operan en la provincia, ya que los autónomos segovianos pueden estar trabajando con las de otras provincias y comunidades autónomas; por ejemplo, las de la vecina Comunidad de Madrid.
La presidenta regional de ATA indicó que el informe no recoge qué administraciones públicas incumplen en mayor medida en la provincia la Ley de Morosidad, que fija un plazo máximo de 55 días durante este año en el pago de facturas a proveedores. En el conjunto del estado el 90% de las administraciones no se ajustan a esta normativa.
Explicó que dentro del sector público, en general son los ayuntamientos los que registran las peores cifras. En concreto, la media de pago de la Administración General del Estado se sitúa en 87 días, la de las comunidades autónomas en 142 días y los ayuntamientos en 174 días. Además, las diputaciones acortan los plazos con respecto a ayuntamientos y gobiernos autonómicos, según el informe.
En cuanto a los sectores más afectados por este tipo de morosidad, Mayo comentó que el informe no está elaborado hasta ese detalle pero hizo referencia a las movilizaciones que se han producido en algunas comunidades autónomas por parte de colectivos como los farmacéuticos o a los recortes que afectan en otras a la Educación. “En general, todo lo que tiene que ver con suministros a Sanidad, está afectado”, señaló.
ATA pide que los autónomos y pymes tengan prioridad a la hora de cobrar, frente a grandes empresas; que los ayuntamientos, y en general todas las administraciones, no gasten más que lo que ingresan, “pero sin pasarse de frenada”, y que los cargos públicos sean responsables ante la ley si dejan una deuda desmesurada.
