A nadie le amarga un dulce. Y, en un momento en el que la mayoría de los ayuntamientos atraviesa por una difícil situación, el mejor caramelo que pueden recibir es una subvención para pagar gastos no abonados por falta de fondos. A la inmensa mayoría de los alcaldes les produce una enorme satisfacción obtener una ayuda para “gastos corrientes”, conscientes de que con ese dinero podrán pagar partidas tan vitales como las nóminas de los empleados, las facturas de luz y teléfono u otros gastos necesarios para el mantenimiento de las instalaciones municipales.
El jueves, la Junta repartió entre ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León 90 millones de euros destinados a fomentar el empleo y hacer frente a gastos corrientes. El denominado ‘Plan Extraordinario de Apoyo Local’ fue “bienvenido” por el cerca de medio millar de regidores que acudieron a Valladolid a firmar la aceptación de las subvenciones.
“Son unas ayudas fantásticas para los ayuntamientos, que están en una lamentable situación”, afirmaba el regidor de Coca, Juan Carlos Álvarez (PP), que arremetía a continuación contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: “El Estado, en vez de incrementar progresivamente sus aportaciones a los ayuntamientos, los quita dinero; y ahora tiene que ser la Junta quien con sus ayudas compense esa reducción”. Para Álvarez, la Junta “está siendo sensible” con los ayuntamientos con ayudas como la del ‘Plan Extraordinario de Apoyo Local’.
El también popular Tomás Galán, de Carbonero el Mayor, explica en números la merma de ingresos procedentes del Estado en el ayuntamiento que preside. Dice que al inicio de esta legislatura, Carbonero recibía cerca de 500.000 euros anuales del Estado, y que ahora la cifra ronda los 370.000. “Cada vez dan menos dinero, pero los ayuntamientos debemos pagar los mismos servicios”, subraya. En ese hecho se basa Galán para afirmar que los municipios son “los grandes perjudicados” en el reparto de fondos, y máxime teniendo en cuenta que han asumido competencias que, con la ley en la mano, no son suyas.
Desde Turégano, su alcalde, Juan Montes, ve con buenos ojos las ayudas de la Junta, aunque las tilda de escasas. “Menos es nada”, se consuela, aunque no puede por menos de pedir, para años venideros, un aumento de las ayudas para “gastos corrientes”. Opinión similar tiene el regidor de Vallelado, José Luis Garrido, un defensor de que, en estos tiempos que corren, “lo prioritario es sanear económicamente los ayuntamientos”, medida que, a su juicio, debe anteponerse a la de realizar inversiones.
Juan José Sanz Vitorio, procurador en las Cortes Regionales —también presente en el acto, en el centro cultural “Miguel Delibes”— defiende con resolución la política de su partido, el PP, en este asunto. “El Plan Extraordinario —afirma— es la plasmación del compromiso de la Junta con el medio rural”. E insiste que supone “un ejercicio de realismo”, al afrontar dos graves problemas, el del paro y el de la delicada situación económica de los ayuntamientos. Sobre el segundo, dice que las ayudas “contribuirán a aligerar las cargas de gasto corriente de los municipios”.
De camino a casa, todos volvieron contentos. “¿Qué es escaso lo que han dado?. Es cierto, pero yo estoy contento. No lo esperaba”, indica el alcalde de Escalona del Prado, Juan Justo Mardomingo.
