Tres empresas de la provincia de Segovia se declararon en concurso de acreedores (figura que anteriormente se conocía como suspensión de pagos y quiebras) durante el tercer trimestre del año ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas, según los datos que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esta cifra, aún no siendo elevada, y afectando a sociedades de responsabilidad limitada con un volumen de negocio inferior a los cinco millones de euros, rompe la tendencia positiva que se había registrado en la provincia durante la primera mitad del año, cuando no se contabilizó ningún proceso concursal de empresas o particulares.
El INE recoge mensualmente información en materia de procedimiento concursal vía cuestionario en los juzgados de lo Mercantil, los juzgados de 1ª Instancia y los juzgados de 1ª Instancia e Instrucción con competencia mercantil. De esta manera, después proporciona información trimestral sobre el número de deudores concursados, así como del tipo de concurso (voluntario o necesario), de la clase de procedimiento (ordinario o abreviado), y de la existencia, en su caso, de propuesta anticipada de convenio y de su contenido.
En las tres empresas segovianas concursadas el proceso se inició de forma voluntaria y se sigue el procedimiento abreviado.
En cuanto a la actividad principal de las mismas, en un caso se dedica a la producción de bienes de consumo duradero, otra, a la edificación y promoción inmobiliaria y la tercera, a la hostelería. En dos de ellas el volumen de negocio es inferior a los dos millones de euros y en la otra inferior a los cinco millones.
En cuanto al número de empleados, una no tiene asalariados, otra entre uno y dos y la tercera se encuentra en el tramo de 20 a 49 trabajadores.
A nivel nacional, según el INE, de todas las empresas concursadas en el trimestre anterior, el 31,8% tiene como actividad principal la construcción y promoción inmobiliaria, mientras que en un 20% es la industria y la energía y en el 18,3% el comercio.
Expertos como el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas han señalado que la mayoría de empresas concursadas acaba en liquidación, lo que supone que no se cumpla el objetivo de la Ley de “reflotar” a sociedades que pasan por dificultades.
