La Plataforma Solución a la Travesía de San Rafael ha informado de la respuesta de la Comisión Europea a la denuncia presentada contra el Gobierno de España por el futuro de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61.
Según el colectivo, Bruselas confirma que el Estado no está obligado a volver a licitar estas concesiones una vez finalicen en noviembre de 2029, por lo que será el Gobierno quien decida si convoca una nueva concesión o si asume directamente la gestión del servicio.
La Comisión Europea recuerda que ambas opciones son válidas dentro de la normativa comunitaria y que la decisión corresponde exclusivamente a los Estados miembros, sin que exista obligación de prorrogar las concesiones. Esta postura, según la Plataforma, ya había sido adelantada en una respuesta parlamentaria previa con el mismo planteamiento.
El colectivo subraya además que la Comisión no aprecia consecuencias jurídicas automáticas si España opta por liberalizar las autopistas en esa fecha, dejando la decisión plenamente en manos del Ejecutivo.
No obstante, la Plataforma denuncia que sigue vigente el artículo 3 del Real Decreto 525/2012, que prevé una nueva concesión tras 2029. Por ello, ha remitido una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, solicitando su derogación para evitar esa obligación legal.
Desde la entidad consideran que la respuesta europea despeja el escenario futuro de la AP-6 y sitúa en el Gobierno español la decisión final sobre el fin del peaje en 2029, especialmente en la travesía de San Rafael, punto clave de conexión entre Castilla y León y Madrid.
