El Consejo de Gobierno ha autorizado una aportación de 4.964.537 euros a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (SOMACYL) para financiar diversas actuaciones en materia de depuración de aguas residuales urbanas en 16 municipios de la Comunidad.
Esta aportación permitirá sufragar el 40 % del coste de las infraestructuras necesarias para la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) y su conexión a los colectores existentes, en el marco del programa de colaboración entre la Junta de Castilla y León, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.
En la provincia de Segovia están previstas actuaciones en cuatro localidades, en Villarejo, perteneciente al municipio de Santo Tomé del Puerto, con una inversión total prevista de 746. 013,40 euros. Olombrada con una inversión de 733.670,10 euros; Sacramenia con 685.124,95 euros y Torrecilla del Pinar con 642.108,13 euros.
La actuación se enmarca en las competencias asumidas por la Comunidad en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales, así como en el cumplimiento de la normativa europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, que exige disponer de sistemas adecuados para evitar la contaminación de las aguas continentales y costeras.
SOMACYL, como empresa pública adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, tiene entre sus fines la ejecución de infraestructuras hidráulicas y ambientales, y la mejora de la calidad ambiental, actuando como instrumento para garantizar la máxima eficiencia en la financiación y ejecución de las inversiones públicas.
Estas intervenciones se desarrollan en aplicación del Protocolo General de Actuación suscrito en 2020 entre la Junta de Castilla y León y las diputaciones provinciales para promover sistemas de depuración de aguas residuales en municipios de entre 500 y 2.000 habitantes. Conforme a dicho marco de colaboración, la financiación de las infraestructuras se reparte entre la Junta de Castilla y León (40 %), la diputación provincial correspondiente (40 %) y el ayuntamiento beneficiario (20 %), reforzando así la cooperación institucional y la mejora de los servicios básicos en el medio rural.
