En Le Lys rouge, de Anatole France, novela que transcurre en los días de la Revolución francesa, uno de los personajes asiste, observador y pensativo, a una velada y advierte que uno de los tertulianos, un oficial condecorado del Ejército, se atreve a apoyar familiarmente dos dedos de su mano en el respaldo de la silla donde está sentada una bella dama. En ese momento, el observador formula un íntimo comentario: “desde aquel instante comprendí que la República había triunfado”. Y es que, efectivamente, ese cambio de formas, a veces imperceptible, que se produce en las cimas del Estado irradia hacia todos los sectores de la vida de un país las más insospechadas repercusiones. En este sentido, no me referiré a las formas de los políticos durante la Transición ni a su formación, pues ya se ha dicho mucho, pero sí podemos hablar de una degradación en la forma y en los fines de hacer política desde 2018.
Desde entonces, da la sensación de que el respaldo de la silla se encuentra algo desgastado. Ocho años de muchas “primeras veces” como la primera vez que se gobierna con presupuestos prorrogados de otra mayoría parlamentaria; la primera vez que con ocasión del COVID y según sendas sentencias del Tribunal Constitucional se suspendieron inconstitucionalmente varios derechos fundamentales; la primera vez que un fiscal general del Estado ha sido condenado por un delito en el ejercicio de su cargo; la primera vez que los dos últimos secretarios de Organización del partido del Gobierno están en la cárcel por corrupción; la primera vez que se imputa a la mujer y al hermano del presidente; la primera vez que desde el Ejecutivo se descalifica la separación de poderes y la independencia judicial tachando a los jueces de prevaricadores —eso es el “lawfare”—; la primera vez que un expresidente del Gobierno es investigado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental y la primera vez que, a la vista de todos, se acuerda una legislatura a cambio de una amnistía o la utilización política, reconocida por el propio Otegi, de beneficios penitenciarios a presos de ETA como moneda de negociación parlamentaria. “¡Qué escándalo! ¡Aquí se juega!”, diría el capitán Renault en la película Casablanca. Todas estas primeras veces desprestigian las instituciones del Estado y las abocan a un desgaste que individualmente podría no llamar la atención pero que en su conjunto afectan al sistema. Primero se debilitan los contrapesos y se desprestigia; después se concluye que el sistema ya no sirve y finalmente se propone cambiarlo.
Desde esta columna me he hecho eco en otras ocasiones de lo que destacados constitucionalistas vienen llamando “desbordamiento constitucional”: esa puerta de atrás por la que unos días se pretende transitar hacia un régimen presidencialista gobernando sin el poder legislativo y otros hacia un Estado federal asimétrico, cuando no interpretar las leyes sesgadamente a favor de algunos españoles, generalmente los mismos. No es este el lugar para desarrollar artículo por artículo el desbordamiento constitucional, pero sí para señalar su patrón: debilitamiento del Parlamento, presión sobre el Poder Judicial, mutación territorial sin reforma constitucional y uso instrumental de las instituciones.
Acabado el ciclo de elecciones autonómicas con resultados desfavorables para los intereses gubernamentales, es el momento de tomar decisiones de cara a la próxima cita electoral. No sabemos si serán las municipales y autonómicas del 23 de mayo de 2027 o si una disolución anticipada de las Cortes adelantará el fin de la legislatura. Celebradas las elecciones andaluzas, en pocas horas hemos visto cómo los partidos han descongelado ciertos acuerdos: la firma del acuerdo entre el PSC y ERC sobre traspaso de competencias y financiación en Cataluña, así como la activación de conversaciones entre el PP y Vox en Castilla y León.
Con cuatro elecciones autonómicas perdidas, rodeado de corrupción en el partido y en la familia, sin presupuestos ni mayoría parlamentaria, y con los más bajos índices de popularidad, a poco más de doce meses de terminar la legislatura, ¿qué puede hacer el presidente del Gobierno para mantenerse en el poder?
Durante la Transición, los servicios de inteligencia acordaron el término denominado «Supuesto Anticonstitucional Máximo» (S.A.M.) como ese acto que provocaría una grave crisis político-constitucional y prepararon el consiguiente plan para contrarrestarlo. ¿Cuál sería, por tanto, el Rubicón de nuestro gobernante? ¿Cuál la iniciativa que le permita plantear un S.A.M. que garantice su continuidad en el Gobierno?
Varios son los testimonios de voces autorizadas que lo han verbalizado públicamente. El primero fue el socio del Ejecutivo y residente en Waterloo, quien animó al presidente a romper con la Constitución. Más recientemente, el exasesor áulico del presidente del Gobierno dijo que le presentó a su jefe un plan estratégico en la dirección de la “España plurinacional”, cosa que, si implica soberanías diferenciadas o una mutación territorial sin reforma constitucional, no cabe en nuestra Constitución. Y el último ha sido, esta semana, el expresidente José María Aznar, quien ha declarado que las próximas elecciones se plantearán desde el Gobierno y sus aliados como plebiscitarias, con una propuesta subyacente de república federal. Agotadas las vías ordinarias de supervivencia política, la tentación de una salida excepcional se vuelve verosímil. El S.A.M. contemporáneo podría consistir en convertir las próximas elecciones en un plebiscito sobre el régimen: no unas elecciones para gobernar, sino para impugnar el marco constitucional vigente y reclamar un mandato de ruptura bajo la apariencia de una nueva mayoría democrática.
Por consiguiente, se inscribe en una línea política ya apuntada por el expresidente Rodríguez Zapatero: su ley de “Memoria Histórica” pretendía enlazar nuestro sistema político con la Segunda República, algo que no fue posible en la Transición porque la correlación de fuerzas —y el sentido común— lo impidió. Una ruptura que, como nos tiene ya acostumbrados el presidente del Gobierno, doblaría la apuesta para poder dividir de nuevo a los españoles e intentar salir del callejón sin salida en el que se encuentra. Un salto sin red para mantener compacta su coalición de Gobierno y cerrar filas en su partido en torno a una nueva batalla constituyente. El problema no sería defender una reforma republicana o federal por los cauces constitucionales previstos, sino pretender alcanzarla mediante una mayoría plebiscitaria presentada como superior a la propia Constitución. Una ruptura de estas características significaría, formal y definitivamente, el fin del pacto constitucional y del sistema político tal como lo conocemos, abriendo una crisis constitucional de inciertas consecuencias. Iniciar este planteamiento sería la constatación de que ese pacto —la aceptación compartida de las reglas de 1978 por las grandes fuerzas políticas y sociales— que ha venido rigiendo la política española desde 1978 no tendría más razón de ser. ¿En qué momento se posaron los dedos de nuestros gobernantes sobre la Constitución?
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* Es director de la Fundación Transición Española.
