España ha asistido con indignación a las declaraciones de la ex ministra y candidata a la Junta de Andalucía María Jesús Montero calificando como “accidente laboral” la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate. Reducir una tragedia de esa magnitud a una fría definición burocrática no solo resulta profundamente desafortunado, sino que para muchos ciudadanos supone una falta de respeto intolerable hacia quienes arriesgan su vida cada día defendiendo el Estado de derecho.
Aquellos agentes no murieron rellenando papeles en una oficina ni desempeñando una tarea administrativa rutinaria. Murieron enfrentándose al narcotráfico, a mafias cada vez más violentas y mejor organizadas, en unas condiciones que desde hace años vienen denunciando asociaciones de la Guardia Civil: falta de medios, escasez de personal y una preocupante sensación de abandono institucional.
Lo ocurrido en Barbate no fue simplemente un “accidente”. Fue la consecuencia de una política de dejadez frente al narcotráfico en determinadas zonas de España donde los criminales actúan con una impunidad alarmante. Y mientras los agentes patrullan con embarcaciones claramente inferiores, los narcotraficantes exhiben su potencial, sus recursos y violencia extrema.
La reacción del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tampoco ha servido para calmar el malestar dentro de los cuerpos de seguridad. Desde hace años, numerosos agentes y asociaciones profesionales denuncian que el Ministerio del Interior vive alejado de la realidad que sufren policías y guardias civiles en la calle. La sensación de desprotección crece cada vez que se minimizan agresiones, se retrasan mejoras salariales o se ignoran las demandas de más medios materiales.
Muchos guardias civiles sienten que quienes deberían defenderles políticamente prefieren evitar conflictos con determinados socios parlamentarios antes que respaldar con firmeza a las fuerzas de seguridad. La dependencia del Gobierno de partidos como Bildu genera un profundo rechazo entre amplios sectores de la sociedad, especialmente cuando se percibe una falta de contundencia institucional en la defensa de quienes combaten el crimen y el terrorismo.
La Guardia Civil no necesita homenajes vacíos ni discursos preparados para las cámaras. Necesita respaldo político real, medios adecuados y dirigentes que comprendan el sacrificio que implica vestir el uniforme. Porque mientras algunos discuten sobre terminología desde un despacho oficial, hay agentes jugándose la vida cada noche para proteger a millones de españoles.
Y eso merece algo más que ser despachado como un simple “accidente laboral”
