A partir del 1 de enero, millones de conductores estamos obligados a sustituir los tradicionales triángulos de emergencia por una baliza luminosa homologada. La medida se presenta como un avance en seguridad vial, pero encierra algo más preocupante, que es la sustitución del sentido común por la imposición administrativa, y la creación de un mercado cautivo bajo el pretexto de proteger al ciudadano.
Por tanto, el conductor deja oficialmente de ser un adulto responsable para convertirse en un sujeto tutelado. La imposición de la baliza luminosa obligatoria para los vehículos no es, como se nos quiere hacer creer, un salto cualitativo en seguridad vial. Es, más bien, un nuevo episodio de ese viejo vicio político que confunde prevención con imposición, y protección con control.
La justificación oficial apela, como siempre, a la palabra comodín preferida: la seguridad. Pero conviene detenerse un momento y hacerse una pregunta elemental sobre qué problema real, grave y generalizado, se pretende resolver que no estuviera ya razonablemente cubierto. Durante décadas, los triángulos de emergencia han cumplido su función. Han advertido, han prevenido accidentes y han salvado vidas. No eran un sistema perfecto, pero sí suficiente, económico y universal. Y en Europa los usan y los mantienen.
La baliza obligatoria no nace de una alarma social ni de una demanda ciudadana. No responde a una evidencia clamorosa de fracaso del sistema anterior. Es una decisión administrativa tomada desde arriba, en despachos donde el conductor es percibido más como un riesgo que como un ciudadano con criterio propio.
Además, no estamos hablando de una simple luz. La nueva baliza es un dispositivo tecnológico conectado, homologado por la Administración y vinculado a sistemas externos de información. Es decir, la avería del vehículo deja de ser un incidente privado para convertirse en un dato. Un punto geolocalizado. Un evento registrado. Y cuando la seguridad empieza a exigir conectividad obligatoria, conviene encender todas las alarmas.
Y aquí también aparece otro dato preocupante, que es el negocio. La baliza obligatoria no es un producto libre en un mercado abierto. Es un mercado cautivo, cerrado y regulado. Fabricantes homologados, precios muy superiores a soluciones tradicionales, renovación periódica, caducidades técnicas y millones de ciudadanos obligados a comprar un dispositivo concreto bajo amenaza de sanción. Por todo ello, resulta legítimo preguntarse si estamos ante una política de seguridad vial o ante una sofisticada ingeniería comercial con respaldo normativo.
Pero lo más preocupante no es la baliza en sí. Lo verdaderamente grave es el precedente. Hoy es una luz obligatoria “por tu bien”, (aunque no está de más recordar la obligatoriedad de las mascarillas mientras estaban haciendo negocios durante nuestra reclusión ilegal). Mañana será otro dispositivo. Después, otro más. Siempre con el mismo argumento, siempre sin un debate público serio, siempre reduciendo el espacio de libertad individual en nombre de una seguridad entendida como obediencia. Y siempre gobernando por decreto ley para evitar contraste de pareceres y la posibilidad de que los parlamentarios enmienden las leyes como es su derecho y su obligación.
La seguridad vial es un objetivo legítimo y necesario. Nadie lo discute. Pero cuando la norma sustituye al juicio personal y la obligación reemplaza al sentido común, no avanzamos hacia una sociedad más segura, sino hacia una sociedad más dócil. Y una sociedad dócil, aunque esté bien iluminada y perfectamente señalizada, nunca es una sociedad verdaderamente libre.
Por otra parte, la seguridad vial se ha convertido en la coartada perfecta para gobernar a base de órdenes pequeñas, constantes y aparentemente inocuas. No se apela a la responsabilidad del ciudadano, simplemente se le sustituye. No se confía en su criterio; se le reglamenta hasta la extenuación. Así, paso a paso, se educa al conductor —y al ciudadano— no para pensar, sino para obedecer.
Porque la baliza obligatoria no es un detalle técnico ni una simple mejora preventiva; es un síntoma. El síntoma de un Estado que ya no persuade, sino que impone; que ya no recomienda, sino que obliga; que ya no trata con adultos, sino con menores. Hoy es una luz conectada. Mañana será otro dispositivo, otro control, otra excusa bienintencionada. Y cuando queramos darnos cuenta, habremos cambiado libertad por comodidad y responsabilidad por sumisión.
Yo no creo que la compre. Me arriesgaré a la sanción y luego ya veré cómo me defiendo. Porque después de ver un vídeo que circula en internet donde unos denuncian que la señal de luz es muy débil y no es visible desde la distancia, y otros consideran que el triángulo mostraba la posición del vehículo averiado de manera óptima, la cosa está clara. Por lo tanto, espero que den marcha atrás y lo expliquen.
De momento, según he leído, la DGT ha retirado la homologación a cuatro modelos de balizas V-16. Pero claro, ¿cómo pedir a un comprador que la devuelva y compre otra? Eso habría provocado un cabreo monumental, por lo que la DGT ha decidido —imagino que para contentar a esos compradores—mantener su validez durante los doce años que se entiende tienen de vida útil estas balizas. Si esto fuera así, si es como lo explican, el asunto sería inenarrable, inefable e indescriptible. Absolutamente irreal, porque una baliza que no esté homologada según los requisitos vigentes, se considera una infracción de la normativa de tráfico. En todo caso, podría parecer a algunos una solución pragmática y a otros algo confusa; pero lo cierto y verdad es que la seguridad real y el cumplimiento pleno de la normativa están garantizados sólo con balizas que figuren en el listado oficial vigente.
No me negarán que aquí hay gato encerrado. Podemos decir, parafraseando a Julio César: “Veni, vidi, y no creí lo que vidi”.
