La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha resaltado recientemente los peligros del sostenimiento del sistema de pensiones español, tras las reformas de 2021 y 2023. La falta de contención del gasto compromete la senda fiscal a medio plazo y la reducción de la deuda pública, al mismo tiempo que exige un aumento de impuestos y cotizaciones sociales. En el primer Informe, Estudios Económicos de la OCDE, España 2025, recomienda establecer ajustes automáticos en función de la esperanza de vida y ampliar el período de cómputo para el cálculo de la pensión.
Un Informe que coincide con las conclusiones de la Comisión Europea en su Informe Ageing Report, con el informe de la Airef y con el informe de la OCDE titulado Pensions at a Glance. En este último informe se señala que el gasto en pensiones supondrá el 17,3% del PIB en 2050 de España, 7,3 puntos por encima de la media de los países desarrollados (Italia 15,5% del PIB; Bélgica 14,8%; Portugal 14,6%; Austria 14%, Alemania 11%; Francia 13,7%). Una factura que supondrá la cifra de 57.000 millones de euros anuales en los próximos 25 años, sobre un desembolso anual que rondaría los 220.000 millones de euros anuales, con 16 millones de pensiones.
La caída de la natalidad y otros factores determinarán que la población en edad de trabajar (20 a 64 años) disminuya en un 30% en las cuatro décadas siguientes. Mientras que la esperanza de vida pasará del 34,9% de personas mayores de 65 años por cada 100 (entre 20 y 65 años) actual a 76,2% personas mayores en 2054. Hay en este sentido más de 5 millones de trabajadores en España en el tramo de edad entre 55 a 65 años, el grupo que más crece. Además, en España la pensión representa el 80,6% del último salario, frente al 52% de la media de la OCDE, al mismo tiempo que la pensión no viene determinada por la vida laboral sino por la cotización en los últimos años. Un sistema español garantista en materia de pensiones que está presionando financieramente el presupuesto y peligra su sostenibilidad.
Ahora cada año el Estado ha de aportar 50.000 millones de euros anuales, cifra que se elevará a 90.000 millones de euros a juicio de la Airef. Todo ello se suma a un alto nivel de cotizaciones sociales a tenor de lo señalado por la OCDE, lo que influye en los costes laborables del sistema económico español y afecta significativamente a la competitividad de nuestro país.
