Un tema latente en España es la despoblación. Una España vaciada por el abandono de las políticas de las Administraciones Públicas desde el año 1959, donde comienza el desarrollismo económico. Un abandono que se ha mantenido con la llegada de la democracia en 1977. En efecto, los municipios más pequeños son los que más población han perdido en lo que va de siglo XXI en todas las provincias. En las provincias rurales, como Segovia, los municipios de menos de 1.001 habitantes, desde que el año 2000, han perdido el 12% de sus empadronados, mientras que las provincias intermedias han perdido el 10% y en las provincias urbanas del 9%. También los municipios entre 1001 a 5.000 habitantes han perdido en las provincias rurales un 25% y los poblados entre 5.001 a 10.000 habitantes del 7%, mientras que los municipios de más de 10.000 habitantes ganan un 9%.
En relación con la estructura económica, las provincias urbanas, intermedias y rurales tienen una economía basada en el sector servicios, si bien el peso de este sector en el Producto Interior Bruto (PIB) de cada grupo difiere sustancialmente. Mientras que las provincias urbanas el sector servicios en la economía representa el 70%, en las provincias rurales e intermedias no llegan al 60%. Además, en las provincias urbanas la agricultura aporta el 2% del PIB, en las intermedias el 3% y en las rurales el 4%.
El sector de la energía tiene un peso específico superior en las provincias rurales e intermedias, en beneficio de las provincias más avanzadas, al igual que el sector de la construcción. El sector de las manufacturas destaca en las provincias intermedias. Es decir, el sector agrícola, así como el energético y la construcción, tienen un mayor peso en la economía rurales, mientras que el sector servicios, a pesar de la diversificación de la economía rural en las últimas décadas (agroturismo, actividades con el medio ambiente), tiene menor relevancia debido a una menor presencia de los servicios públicos. La regla general es que cuanto más pequeño es el municipio, menor diversificación productiva tiene.
Las provincias rurales, que suponen el 17% de la superficie del país, concentran el 3,2% de la población, pero solo suponen el 2,9% del producto nacional. Las provincias intermedias, con un 36% de la superficie, agrupan el 10,8% de la población y el 9,5% del PIB.
En definitiva, la España vaciada, que representa más del 50% del territorio nacional y en el que vive el 14% de la población, aporta el 12% de la producción, con una tendencia descendente desde el año 2000. Pierden peso económico Segovia y Teruel (22%), Zamora y León (18%), Ávila el 17% y Salamanca el 15%. En la España abandonada, sus habitantes tienen una renta inferior a la media nacional, mientras que la dotación de servicios se fundamenta en criterios de demanda, lo que produce que las zonas menos pobladas padezcan un déficit importante de los mismos. Sin embargo, la población de la España vaciada que vive en la capital dispone de servicios sanitarios equivalentes a los prestados en las provincias urbanas (así, mucha población de la periferia se ha asentado en Segovia capital). El 20% y 24% de la población que vive en las provincias rurales e intermedias, respectivamente, lo hacen en municipios que no tienen servicio de atención primaria, mientras que en las provincias urbanas ese dato se reduce al 10%. Lo cual supone una seria limitación tanto para la vida de la población envejecida, que es la que vive en estos municipios, con dificultades para desplazarse, como para atracción de población joven, con niños que necesitan pediatra con frecuencia. No es posible disponer de Centros de Atención Primaria en cada municipio, pero sí que es necesario que haya un centro de salud que implique un desplazamiento no superior a 10 minutos, y adecuadamente dotado de personal y de medios tecnológicos, capaces de prestar una atención primaria de calidad y que en los centros comarcales puedan atenderse también de alguna especialización médica, como análisis clínicos, geriatría, pediatría, etc.
Desde los Centros de Atención Primaria y desde los centros comarcales deberían atenderse los consultorios médicos locales, lo que evitaría desplazamientos innecesarios. Lo que exige completar estos servicios con un transporte público o privado concertado que pueda trasladar una población con problemas de movilidad, bien sea por edad, salud o falta de automoción, lo cual mejoraría sustancialmente la vida de los habitantes de los municipios pequeños y permitiría mantener una población que abandona su población por necesidad. El programa de la nueva tarjeta Buscyl en Castilla y León constituye un ejemplo de mejora del transporte en las zonas rurales.
En el caso de los centros hospitalarios, el 63% y 50% de la población que vive en las provincias rurales e intermedias, y que necesita atención especializada u hospitalización, deben desplazarse para conseguir esa atención, mientras que en las provincias urbanas ese porcentaje se reduce al 44%, otra consecuencia evidente de la desigualdad entre la España rural abandonada y el resto del país en cuanto a dotación de servicios sanitarios.
Mientras, en lo referente a la educación, en las provincias rurales, en el 71% de los municipios que cuentan con población infantil (3-11 años), no hay ningún centro educativo (87% si se tienen en cuenta el tramo de edad de 12 a 15 años). En las provincias intermedias, el porcentaje de municipios que no cuentan con centro educativo en el primer tramo de edad se reduce al 61% (82%, en siguiente de 12 a 15 años), y en las provincias urbanas aquellos porcentajes se reducen al 26% y 57% de modo que solo el 0,6% de los niños entre 3 a 11 años deben desplazarse. Las diferencias entre los municipios de las provincias rurales e intermedias se acentúan en el bachillerato, el 30% de los estudiantes en zonas rurales han desplazarse y el 22% en las provincias intermedias, frente al 10% en las provincias urbanas.
En otro orden de cosas, el desigual acceso a Internet aumentó la brecha entre los municipios pequeños en las provincias rurales y las urbanas, dificultando el acceso a la educación on line, al propio tiempo que la velocidad limitada dificulta los proyectos empresariales. No obstante, la cobertura de la red móvil en las zonas rurales es del 99,5%, lo que permite teletrabajar en la mayoría de los municipios, así como acceder a los servicios financieros o el comercio electrónico.
Respecto de los servicios financieros, las entidades bancarias han llevado a una política de cierre de oficinas ante la caída de la demanda, por pérdida de población y actividad económica en las zonas rurales, por lo que gran parte de la población de los pequeños municipios no tienen acceso a dichos servicios. Así, en las provincias rurales el 71% de los municipios no dispone de ninguna oficina bancaria en su lugar de residencia. Por lo que, resulta necesario el establecimiento de un plan efectivo de la Administraciones Públicas para eliminar las citadas diferencias sociales y económicas entre la España vaciada y la periferia peninsular.
