Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista de Cataluña han alcanzado un acuerdo para investir a Salvador Illa como presidente de la GeneralitatVque incluye una serie de medidas entre las que destaca el impulso de la lengua catalana y un concierto económico a semejanza del actual Concierto económico con el País Vasco y el Convenio Económico con Navarra.
Ello supone la ruptura del marco constitucional previsto en la Constitución Española en este segundo supuesto, al otorgar la Agencia Tributaria catalana la recaudación y gestión de todos los impuestos, lo supone la salida de la Comunidad de Cataluña del régimen de financiación de las Comunidades Autónomas común. Es decir, el acuerdo supone la eliminación del sistema de la caja única, de modo que la Comunidad de Cataluña dispondrá la llave de la caja y dará el sobrante, si hay, al Estado. En definitiva se rompe el principio de igualdad de las autonomías mediante la modificación de la Ley 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas, lo que determinará una división de España entre las Comunidades ricas que tienen acceso al sistema de cupo gestionando el 100% de los impuestos estatales y las Comunidades pobres que deberán conformarse con las migajas que aporte el Estado a través de las trasferencias sobre los impuestos cedidos (IRPF e IVA).
Un paso más en la desintegración económica de nuestro país que afianzará las diferencias interregionales entre aquellas Comunidades más desarrolladas económicamente y que, ahora ven reconocidas sus pretensiones, en este caso respecto de la gestión de la totalidad de los ingresos tributarios, lo cual les permitirá mantener su política de inversiones y la sobrefinanciación de sus competencias. Se mantendrán así las diferencias interregionales y las tensiones territoriales en nuestro país, que ponen en duda la viabilidad de nuestro modelo constitucional actual.
En mi libro el “Concierto vasco y el Convenio económico con Navarra” analicé con detenimiento el sistema de cupos y concluí que estos sistemas infringen los principios constitucionales de igualdad y de solidaridad. Estos cupos se calculan en el seno de negociaciones políticas, de manera que las aportaciones reales de las Comunidades forales son muy inferiores a las correctas. Las Comunidades Forales deberían de aportar al menos 5.000 millones de euros anuales. 3.000 millones para la nivelación de la financiación de las Comunidades Autónomas, más 2000-3.000 millones de euros por el cálculo correcto de los cupos y de las aportaciones. Precisamente el Informe de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas, hecho público el día 27 de julio de 2017, concluyó que el nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas debería incorporar a las comunidades forales a la financiación de la solidaridad interterritorial, “desactivando” el foco de inestabilidad institucional que existe en este ámbito derivado de la desigualdad de recursos y gastos en servicios públicos fundamentales entre CCAA de régimen común y forales, de modo que las Comunidades deben aportar unos 2.600 millones de euros a la solidaridad interregional para financiar los servicios fundamentales en territorio común.
Las Comunidades forales tienen mayores recursos y el mismo informe expone que ”gastaron en 2016 por unidad de necesidad en torno a un 30% más que las de régimen común y se han alejado desde 2007 en su nivel de gasto por habitante ajustado”, por lo que se muestra partidario de la reducción de las disparidades existentes hasta el momento entre los territorios forales y las Comunidades Autónomas de régimen común en términos de financiación por habitante ajustado, al mismo tiempo que los expertos se mostraron partidarios de que dichas Comunidades comenzaran de inmediato a aportar a la solidaridad regional.
Unas conclusiones que han de extenderse al proyecto de cupo catalán a cambio de una nueva investidura, lo cual determinará un nuevo sistema financiero insolidario que aumentará las diferencias interregionales e incrementará las tensiones territoriales y dará un nuevo impulso al proceso separatista. El nuevo sistema financiero – tributario catalán se apoyará también con el mecanismo que garantizará unas inversiones permanentes del Estado en Cataluña. En definitiva, un conjunto de medidas que rompen el modelo constitucional del 78, al mismo tiempo que garantiza el mantenimiento de las diferencias interregionales que acechan a nuestro país y su futuro.
