En el análisis del culebrón de la temporada gana terreno el vector orientado hacia la amnistía como tumba política de Pedro Sánchez. Cada vez son más visibles las grietas institucionales por rozamiento entre poderes del Estado por cuenta de los planes urdidos en furtivas negociaciones del oficialismo sanchista con JuntsxCat. Esos planes, a su vez, van camino de estrellarse contra las barreras legales españolas y europeas.
Lo último ha sido la inaudita sordera del Gobierno ante la fijación de postura de la Junta de Fiscales (sala de lo penal del Tribunal Supremo) a la hora de calificar (terrorismo o no terrorismo) los vandálicos hechos protagonizados por grupos independentistas en 2019, al hilo de la sentencia que en octubre de aquel año condenó a los nueve máximos responsables de la intentona secesionista de dos años antes.
Hasta ahora el oficialismo, en línea con el independentismo furioso contra el Estado “represor”, insinuaba la existencia de una conjura política (derecha-ultraderecha), judicial (una vicepresidenta del Gobierno sugiere que hay jueces condicionados por su afinidad política) y, por supuesto, mediática (la “fachosfera”, según Sánchez) contra una filantrópica decisión (la amnistía) para hacer el bien sin mezcla de mal alguno.
Lo nuevo es señalar a la Fiscalía como la última incorporación a los conjurados para evitar a toda costa que llegue al BOE la ley de amnistía a los golpistas de octubre de 2017. Y en este punto procede recordar que la fiscalía general del Estado es en realidad un brazo del Gobierno cuya misión es la de “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad”.
Eso es lo que la abrumadora mayoría de la Junta de Fiscales entiende que está haciendo al fijar postura sobre las causas abiertas por terrorismo en la Audiencia Nacional (activistas de Tsunami Democratic) y el TS (solo aforados). Pero la postura técnica de los fiscales (no vinculante) no conviene al concertado interés político del prófugo (Puigdemont) y el arribista (Sánchez). Solución: ignorar el pronunciamiento de la Junta y remitirse a la última palabra al fiscal general, en una institución que actúa con unidad de criterio y dependencia jerárquica.
El ordeno y mando de García Ortiz como “superior jerárquico” (articulo 24 de la ley del Ministerio Fiscal) se ha sustanciado en encargar a su número dos, Ángeles Sánchez Conde, el informe final del ministerio público sobre si los hechos pueden calificarse o no de terrorismo y, en consecuencia, sobre si Puigdemont, es imputable o no ante el TS, sabiendo de antemano que el Gobierno, a través del fiscal general que nombró en su día, sostiene, igual que el presidente Sánchez, igual que los ya desautorizados fiscales que informaron previamente, las conductas investigadas no son encajables en el tipo penal de “terrorismo” (Véase la directiva de la UE, dejando claro que terrorismo no es solamente el tiro en la nuca).
