La Ley de Amnistía, aún en su fase actual de proyecto, está creando nuevos escenarios tóxicos en el ámbito de la Justicia. Está introduciendo en el sistema ruido, descrédito y pérdida de apariencias de equidad e independencia. La última polémica rodea el cambio de criterio del fiscal del Supremo (Álvaro Redondo) en relación con la calificación de terrorismo a los actos relacionados con Tsunamic Democrátic que investiga el juez Manuel García-Castellón. Un cambio acaecido de un día para otro tras un encuentro con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, alineado con las tesis del Gobierno.
Una semana antes de esa reunión, el fiscal Redondo sostenía en un informe que había indicios de terrorismo en los disturbios coordinados que sembraron de violencia las calles de Barcelona y otras ciudades catalanas tras las condenas por sedición a los líderes separatistas del ‘procés’. Hechos que el juez Manuel García-Castellón investiga rastreando la posible implicación de Carles Puigdemont. Bajo esa premisa el ex presidente huido a Bélgica no podría beneficiarse de la impunidad que concede la amnistía porque la Ley en su redactado actual excluye los delitos de terrorismo.
De ser así se vendría abajo el pacto con Junts mediante el cual Pedro Sánchez consiguió la investidura y ahora aspira a prolongar a toda la legislatura. En recientes declaraciones orientadas a facilitar la exoneración de la posible responsabilidad penal de Carles Puigdemont Sánchez ha sentenciado que el independentismo no es terrorismo.
Las maniobras para salvar a Puigdemont no cejan. Ahora Sánchez también se muestra favorable a cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para recortar los plazos de instrucción en la idea de acortar el tiempo del que disponen los jueces. Es sabido que hay dos (Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre) que investigan a Puigdemont y han prorrogado el periodo de instrucción. ¿Casualidad o causalidad? Desde luego, maniobra. Una más de las presiones que proceden del Ejecutivo y están estresando el sistema porque arrojan sombras sobre la necesaria y exigible separación de poderes. Pero Sánchez va a lo suyo y ahora necesita salvar como sea a Puigdemont.
