No lo digo sólo por los impresentables ataques a los jueces y a su independencia desde las filas de los socios del Gobierno y del propio Gobierno. No lo digo sólo por el escandaloso bloqueo durante más de cinco años de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, responsabilidad de PP y PSOE, ni por el hecho de que los partidos políticos sigan empeñados en controlar al cien por cien sus nombramientos ni por las numerosas vacantes en el Tribunal Supremo y en otros órganos jurisdiccionales –que no se pueden cubrir por decisión del Gobierno, respaldado por el Tribunal Constitucional– que hacen imposible el funcionamiento normalizado de la Justicia y perjudican a los ciudadanos y a las empresas. No lo digo sólo por el Tribunal Constitucional, donde se puede predecir el noventa por ciento de las votaciones –siete a cuatro, siempre– sobre todo si se trata de respaldar la labor del Gobierno. Ni tampoco por una Fiscalía General del Estado bajo sospecha permanente cuando se trata de apoyar o someter a consulta decisiones del Gobierno o por nombramientos sospechosos, cuando no ilegales. Ni por un Consejo de Estado descabezado y marginado por un Gobierno que prefiere gobernar por decreto ley con carácter urgente, sin debate parlamentario y bordeando la frontera legal. Ni, por último, por unos legisladores que ponen los intereses partidistas por encima de los legales y producen muchas y muy malas leyes que acaban llevándonos a disparates como la ley del sólo sí es sí. Cada una de estas irregularidades y todas ellas juntas ponen en solfa la calidad democrática, la seguridad jurídica y el mismo Estado de Derecho. Pero hay otras cuestiones que indican que la justicia en España está en uno de sus peores momentos.
Todo eso, que forma parte de la batalla política partidista, por no llamarla sectaria, oculta otras cosas que afectan plenamente al ciudadano, al inversor, a las empresas, a la competitividad de un país, es decir a la vida diaria. La calidad democrática de un país se mide por las normas que hace y la aplicación de las mismas. La previsibilidad jurídica: un ciudadano tiene derecho a las mismas resoluciones ante el mismo caso, o similar, en distintos tribunales, en un tiempo determinado, con claridad de interpretación y con una ejecución rápida.
La reciente presentación del Observatorio de la Actividad de la Justicia que anualmente hace, con inteligencia y excelentes autores, la Fundación Aranzadi La Ley pone de manifiesto graves déficits de nuestra justicia: están creciendo la litigiosidad y la tasa de pendencia (los asuntos por resolver). Un mismo caso se resuelve en cuatro meses en una comunidad autónoma y 12 en otra. En algunas jurisdicciones la variación es de seis a dieciséis o diecisiete meses. La “diarrea” legislativa hace que hayamos pasado de 3.000 leyes aprobadas en 1979 a 12.000 en 2022, con una frecuente descoordinación de las leyes autonómicas entre sí y de muchas con la legislación nacional. Es prácticamente imposible, con tantos cambios y tan rápidos, unificar con criterios asentados y estables la doctrina jurisprudencial. Todo ello impide saber qué resolución van a adoptar los jueces, dificulta el asesoramiento de los abogados a sus clientes, imposibilita predecir cuánto puede durar un asunto y facilita acciones legales o recursos “por si hay suerte” y el juez tira por otro camino. Sin hablar de la ejecución de las sentencias.
La imprevisibilidad, la tardanza, la incapacidad del sistema para fijar criterios, la congestión o las diferencias entre juzgados y territorios hacen imposible la igualdad ante la ley, la confianza de los ciudadanos y la misma sostenibilidad del sistema. El diagnóstico es claro: hay que hacer buenas leyes y aplicarlas con rigor, hay proyectos del Gobierno de mejoras procesales y organizativas que pueden ayudar a mejorar la situación, hay medidas de gestión que agilizarían muchos procesos… pero sin estabilidad normativa será difícil que mejore el panorama. Haría falta un Pacto de Estado por la Justicia para 20 o 25 años. Pero, estando las cosas como están y con los apoyos antisistema del propio Gobierno, esa es hoy una utopía. Lamentablemente.
