Los empresarios no esperan nada bueno de este 2024 y no debe extrañarnos puesto que las decisiones económicas del gobierno no ayudan como tampoco el marco exterior. El Indicador de Confianza publicado por el INE asegura que más de una cuarta parte de las empresas prevé subir los precios en este primer trimestre.
De hecho, una cuarta parte de los empresarios no espera que este primer trimestre sea positivo para sus negocios. Y en cuanto a la última parte de este 2024, casi el 62% esperan una evolución ni buena ni mala. De ahí que apenas el 9% de los negocios tenga previsto contratar personal y por tanto crear empleo en el primer cuatrimestre del año y más de 12% reducir el número de trabajadores.
La subida del SMI un 5% y sin acuerdo con los empresarios, los más altos impuestos y cotizaciones sociales, la reducción de la jornada de trabajo con igual salario mientras la productividad está en mínimos no ayudan precisamente a generar confianza entre los empresarios de este país.
Más bien tienen la sensación de que el gobierno está decidido a exprimir a los empresarios y a generar desconfianza e inseguridad jurídica con el cambio continuo de normas. Otro ejemplo claro son las declaraciones de la propia ministra de Trabajo que igual quiere limitar los sueldos de los ejecutivos que obligar a meter a trabajadores en los consejos de administración de las empresas. Todo hasta ahora con la negativa de los empresarios que entienden que son injerencias fuera de lugar y que no responden a una economía de mercado y un estado de derecho. Se quejan de que el Gobierno no entiende la libertad de las empresas para contratar y la “obligación” de generar beneficios para sus accionistas y trabajadores.
Otra de las quejas recurrentes desde que se aprobaron los fondos europeos tiene que ver con la mala gestión que se ha hecho de esos miles de millones que han llegado a España y que sin embargo apenas uno de cada cinco euros ha sido finalmente adjudicado.
Son datos del observatorio NextGen elaborados por Llorente y Cuenca que añade que el Estado cuenta ahora mismo con casi 6.600 millones de remanentes de los años 21, 22 y 23 y las Comunidades Autónomas con otros 5.200 millones, a los que hay que añadir las subvenciones que aún no se han resuelto y el montante aún sin comprometer. Miles de millones que estaban destinados a mejorar la vida de las empresas y a lograr que fueran más productivas.
