Todos recordamos el escándalo que se montó, especialmente aireado desde algunos medios de comunicación, tras la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez, por la “indebida”, “oscura” y “fraudulenta” inmatriculación de bienes hechos por la Iglesia Católica. Inmatricular es inscribir por primera vez, y con determinados documentos acreditativos, un bien que no ha estado inscrito nunca, ni en todo, ni en parte. Efectivamente, de acuerdo con una reforma de la Ley Hipotecaria hecha en 1998 por el Gobierno Aznar, la Iglesia procedió a inscribir hasta 2015 en el Registro de la Propiedad los bienes que eran suyos y que hasta ese momento no se podían registrar porque la legislación vigente señalaba que esos bienes tenían la misma consideración y régimen legal que los del Estado, al ser evidente la titularidad y su uso y que no podían ser objeto de comercio. La Iglesia Católica era en 1998 la única confesión religiosa en España que no podía inmatricular sus bienes. Por cierto, de esos casi 35.000 bienes inscritos, más de 20.000 eran templos, lugares de culto que la propia Iglesia mantiene y cuida, como es lógico. La inscripción en el Registro, por otra parte, no otorga la propiedad de forma inmediata. Está sujeta a reclamaciones.
En los comienzos de 2021, el Gobierno, a petición del Congreso de los Diputados, hizo público el listado que había encargado sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia en el período citado: 34.976. Y el presidente del Gobierno se lo entregó personalmente a la cúpula de la Conferencia Episcopal en una visita a su sede —la primera y única en la historia— y un informe del Ministerio de Justicia que afirmaba que esas inmatriculaciones se habían realizado conforme a la legalidad vigente. Ese informe, que fue publicado en la web de la Conferencia Episcopal, fue enviado por el Gobierno al Congreso de los Diputados y posteriormente remitido a los ayuntamientos para que cualquier institución o persona que se considerase afectada, alegara si esos u otros inmuebles estaban registrados indebidamente. En ese momento siguió el intenso ruido mediático, el Gobierno filtró a sus medios afines que la Iglesia había “reconocido que había inmatriculado mal 1.000 inmuebles” —cuando la realidad es que era la Iglesia la que había puesto en conocimiento del Gobierno que en el informe gubernamental le habían adjudicado 1.000 inmuebles erróneamente— y una diputada de EH Bildu, preguntaba en el Congreso al ministro Bolaños, entonces titular de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por el “escándalo monumental y expolio patrimonial sin precedentes”. Entre esos inmuebles “expoliados” estaban la Mezquita de Córdoba —una obsesión para algunos—, la Giralda, la catedral de Sevilla o las de Zaragoza, Valladolid, Granada y Málaga, por citar algunos ejemplos.
Ahora, los hechos. Hace apenas unas semanas, el ahora ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha asegurado, respondiendo a otra pregunta de la misma diputada de EH Bildu, que desde que se dio a conocer públicamente el listado de los bienes “indebidamente” inmatriculados por la Iglesia y se envió a todos los ayuntamientos el listado completo, “no ha habido prácticamente ninguna reclamación ni de ayuntamientos ni de particulares”, lo que traducido del lenguaje político al común, significa que ha habido una o ninguna. Caso cerrado. Pero ya verán cómo, cuando haya problemas, volverán por la misma senda. La Iglesia da mucho juego.
