Algún día miraremos aliviados por el retrovisor este tiempo oscuro de la política nacional en el que quienes no quieren ser españoles marcan el rumbo de la política española. Eso da lugar a situaciones tan bochornosas como esa extravagante carrera de sacos entre el Gobierno y los jueces a la hora de legislar. Absurdo y autodestructivo conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial que deja en papel mojado el mandato constitucional del común servicio a los intereses generales.
No es de interés general fabricar normas legales inspiradas en razones de partido. Las del PSOE (el poder a toda costa), que ocasionalmente casan con las del independentismo en la elaboración concertada de una ley de amnistía de dudosa constitucionalidad que divide a la opinión pública y sienta un mal precedente.
El culebrón está centrado ahora en los autos del juez de la Audiencia Nacional García Castellón, que instruye una causa por terrorismo contra grupos proindependentistas que protagonizaron violentas acciones en octubre de 2019. Y contra sus presuntos instigadores. Ahí aparecen Puigdemont (Junts) y Marta Rovira (ERC). Al ser eurodiputado cuando ocurrieron los hechos, aquel ha sido objeto de una exposición razonada que el juez ha enviado al Tribunal Supremo por si pudiera ser imputado en un supuesto de terrorismo.
Es el nudo del enredo, pues todo esto coincide con el cocinado de una ley de amnistía pensada para blanquear a quien desde Waterloo controla el voto de los siete diputados de Junts decisivos para la continuidad de Sánchez en la Moncloa. Y es el caso que PSOE y Junts, con apoyo de grupos afines han colado una enmienda que declara amnistiables los delitos de terrorismo en los que no hubo violaciones los derechos humanos.
Aquí es donde entran las consideraciones del juez García Castellón que, en distintos autos, recuerda que en octubre de 2019 hubo un muerto en el asalto al aeropuerto del Prat, dos agentes del orden resultaron gravemente heridos en disturbios callejeros y que uno de los grupos implicados en esas acciones (Tsunami Democratic) podría haber estado planeando un atentado contra Felipe VI, durante una visita del rey a Barcelona en 2020.
Unos hechos cuyo “ánimo homicida” (si puede probarse) dejarían en papel mojado la enmienda que excluye de la amnistía actos terroristas que “hayan causado violaciones graves de derechos humanos”. Es decir, que si las tesis del juez García Castellón llegan a probarse en sede judicial, Puigdemont no se vería favorecido por una ley de amnistía pensada para brindarle política y judicialmente.
De ahí que este comentarista insista en que el futuro del expresidente de la Generalitat está más en manos del TS (el que le juzgaría por estar aforado) que de lo que diga o deje de decir la ley de amnistía.
