Aunque el Gobierno se empeña en relacionar la claudicación ante Junts con una vía práctica que permita tomar medidas favorables a la mayoría social de España (incluida Cataluña, claro), hasta las piedras de la Moncloa saben cómo funcionan realmente los dos motores de la política nacional, accionados personalmente por los dos protagonistas del tablero: Pedro Sánchez y Carles Puigdemont.
Con sus respectivos objetivos:
El del presidente del Gobierno es colmar sus ambiciones políticas con cuatro años más en la Moncloa. El del líder factico de Junts es cancelar sus cuentas con la Justicia española y puntuar en la peculiar carrera de sacos que su partido está librando con ERC. Como es lógico, ninguno de esos objetivos es públicamente confesable.
Puigdemont dirá que lo hace todo por la patria soñada (Cataluña una, grande y libre), incluida la amnistía para los encausados por intentar la independencia y, por supuesto, la reivindicación permanente: un eventual referéndum pactado con el Estado para que los catalanes digan si quieren o no quieren seguir siendo españoles.
Y Sánchez dirá que lo hace por motivos de interés general («empleo», «derechos sociales» y «convivencia», explica), pues sus pactos con Junts le permiten mejorar la vida de la gente con medidas progresistas y, además, acceder a 10.000 millones de euros de los fondos europeos. Y claro, quien se oponga a eso es irresponsable, partidista e insolidario.
Ahí quedan expuestas las razones confesadas o inconfesadas del uno y del otro. Sin embargo, es notoria la asimetría en cuanto a la capacidad de condicionarse mutuamente porque quien pasa por el aro siempre es Sánchez, mientras que Puigdemont ejerce con éxito su poder de doblegar al otro. Pero ¿quién tiene más que perder?
Sánchez podría bajarle los humos a Puigdemont. O sea, cancelar de un plumazo el poder conminatorio que la aritmética parlamentaria ha concedido a los siete diputados de Junts. Pero no lo hace. Ahora tiene de nuevo una ocasión de recordar al prófugo de Waterloo que está gozando de un inesperado estrellato gracias al estado de necesidad que se apoderó del PSOE después de conocer los resultados del 23-J.
Me refiero al periodo que ahora se abre en la tramitación de la ley de amnistía, en fase de debate sobre las enmiendas parciales que se han presentado. Antes de que el texto de la proposición salga dictaminado camino del Senado, el PSOE volverá a tener ocasión de retratarse frente a asuntos de mayor cuantía, como la amnistía por delitos de terrorismo (una de estas causas afectaría al propio Puigdemont, lo que dificultaría su retorno a España) con condena firme.
En eso estamos.
