El pasado sábado me sorprendió al acercarme a la Plaza del Acueducto el acto de celebración del 200 aniversario de la Policía Nacional, allí observé la presencia de un diputado del PP, de militares, del correspondiente diputado del PSOE y de la Subdelegada del Gobierno. Un Gobierno que ha decidido transferir todas las competencias restantes del Cuerpo Nacional de Policía a la Generalitat de Cataluña. No entiendo, por tanto, a qué viene aquella celebración, cuando el riesgo de ruptura del actual marco constitucional resulta evidente, de hecho hoy la Policía Nacional y la Guardia Civil no tienen competencias en materia de seguridad en Cataluña, como tampoco el Estado detenta competencias sobre prisiones ni las ejerce en materia educativa.
Las futuras transferencias en materia de inmigración y sobre la gestión de los tributos del Estado en la citada Comunidad supondrán asimismo la ruptura de los principios constitucionales de igualdad y solidaridad. Todo ello supone que caminamos a una división nacional entre ciudadanos de primera y otros de segunda categoría, estos últimos condenados a soportar una segregación (un apartheid) consistente en soportar las cargas del Estado y sin poder acceder a los mismos derechos que los ciudadanos de primera en la periferia peninsular.
No hay nada que celebrar cuando el mismo sábado se celebraba en Bilbao una manifestación a favor de los presos de ETA con la asistencia de los socios del Gobierno, EH Bildu, Ezquerra Republica, Junts y BNG.
Por tanto, parece evidente que hubiera sido más conveniente la convocatoria de una concentración ciudadana en defensa del actual marco constitucional y que garantiza la igualdad efectiva de los ciudadanos (art. 9.2 de la Constitución Española), la prohibición de privilegios económicos y sociales entre Comunidades (art. 138.2 CE) y la solidaridad entre las regiones (art. 158 CE). Solamente la ciudadanía española puede tomar ahora la iniciativa y parar la actual deriva política, mediante el ejercicio de su derecho de manifestación y opinión, que fuerce un cambio en la política del ejecutivo actual y asegure la pervivencia efectiva de la Constitución Española de 1978. Mientras que esto no ocurra, no hay nada que celebrar.
