La ministra de Sanidad ha estado ausente durante varias semanas coincidiendo precisamente con la saturación de hospitales y centros de salud. Mientras las Comunidades Autónomas se preparaban para una avalancha de gripe y covid, Mónica García les reunía para tratar asuntos alejados de este problema. Por fin, el lunes 8 de enero reunió a los consejeros de Sanidad para abordar lo que está siendo un auténtico colapso sanitario. Entre las medidas propuestas por el ministerio estarían la obligación del uso de mascarillas en centros sanitarios. La reunión acabó sin acuerdo. Sin embargo, García, médica y madre como la propia ministra se define en su perfil, trasladó a los consejeros una propuesta sorprendente como es la de aumentar a tres días el plazo para autogestionarse una baja médica con una simple declaración responsable.
Es cierto que el hecho de que los centros salud sean también los que tramiten las bajas médicas en momentos como el actual colabora a empeorar la situación, pero no parece que esta idea sea buena y por varias razones. El palo en productividad y costes laborales que les supondría a las empresas es considerable. Estamos hablando de una pérdida de productividad media de 92 euros por hora y en cotizaciones sociales que paga el empleador durante los tres días que sin prescripción médica se podría dar de baja el trabajador. En total, cerca de 2.280 euros por empleado.
El Ministerio de Sanidad argumentó que es lo que hacen en otros países de nuestro entorno, aunque que se sepa no aportó datos económicos ni en qué circunstancias. Parece algo copiado en bruto sin tener en cuenta, aunque duela decirlo, que los españoles somos campeones de la picaresca y se puede acabar convirtiendo en una bolsa de fraudes que las empresas y la economía pagarían caro. Tampoco parece un momento apropiado para la marcha actual de las empresas, cuando el Banco de España ha señalado que aún no han recuperado el tono anterior a la pandemia y hay este año tendrán que hacer frente a mayores impuestos y cotizaciones.
Cierto que las Comunidades Autónomas tienen transferida la sanidad, pero no se puede olvidar de que la coordinación, la falta de médicos o la habilitación para la contratación de médicos de fuera de la Unión Europea depende de Sanidad como también la de buscar un procedimiento para tramitar las bajas que no convierta los centros de salud en oficinas burocráticas.
