La ofensiva del independentismo catalán contra la Justicia española, que afortunadamente no es la “justicia catalana” aplicada en la baja Edad Media “sin dilación, sin reglas procesales y sin miramientos” (dicen las crónicas), no se limita a procesar las presuntas intenciones de los jueces que sentaron en el banquillo a los golpistas de 2017.
El cante lo dio la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. Los jueces señalados fueron Marchena, Llarena y Lesmes. No se quedó el señalamiento en atribuirles una determinada inclinación política. Podía haberlo hecho en el uso de su libertad de expresión sin ir más allá. No hubiera sido la primera en denunciar actuaciones judiciales condicionadas por las ideas políticas personales. Eso hubiera sido lo de menos. Y no hubiera tenido mayor importancia de la que tiene que un político acuse a otro de fascista, mentiroso, corrupto, incoherente o escoria de la vida.
Lo malo del discurso de Nogueras en su intervención del martes pasado ante el Congreso de los Diputados es la parte en la que directamente se lamenta de que esos jueces no hayan sido ya cesados y procesados. O sea, que reclama el cese y procesamiento de tres magistrados como si fueran simples cargos políticos de obediencia debida al poder ejecutivo.
Eso es lo grave, porque denota un revelador desprecio por el dogma civil de la independencia judicial, que es un fuero personal e intransferible cosido a un servidor del Estado en virtud del principio constitucional de la separación de poderes. Así que hemos de entender que esa es la doctrina que se aplicaría en una eventual república independiente de Cataluña.
Una segunda derivada del pensamiento de Nogueras, venteado sin complejos en el templo de la soberanía nacional, es la indolente reacción de sus ocasionales amigos del Gobierno central, reducida prácticamente a una discreta conversación del superministro Bolaños con cada uno de los tres jueces señalados con nombres y apellidos por esta subalterna de Carlos Puigdemont, un prófugo de la Justicia española al que Sánchez ha abierto las puertas del Boletín Oficial del Estado.
Así se entiende que, en vez de llamar a Nogueras para afear su intolerable atrevimiento, Bolaños llamó a los afectados, con los que mantuvo una mantuvo una conversación “discreta”. O sea, sin luz y taquígrafos, para que no se ofenda Puigdemont en vísperas de su ya cantada reconciliación televisada. Y dicen las reseñas que Bolaños les ha garantizado que el Ejecutivo está dispuesto a garantizar la independencia judicial.
Pues estamos apañados si los garantes de la independencia judicial en España son quienes ya nos han hecho saber con la futura amnistía lo que para ellos valen los pronunciamientos judiciales sobre los comportamientos golpistas de los condenados por el llamado “proces”.
