Tras la inauguración solemne de la Legislatura y una vez constituidas todas las comisiones, arranca la actividad real y no protocolaria en el Congreso de los Diputados, caja de resonancia de la política nacional correspondiente a la XV temporada del régimen constitucional alumbrado en 1978. Y debuta precisamente con el asunto ya convertido en epicentro de todos los temblores que nos esperan.
Hablo de la proposición de ley orgánica presentada por los socialistas “para la normalización institucional, política y social en Cataluña”, más conocida por “ley de amnistía”. Con toda probabilidad será tomada en consideración por la Cámara Baja este martes, 12 de diciembre, gracias al alineamiento del PSOE (segunda fuerza en las últimas elecciones generales) con una menos chocante amalgama de formaciones de dudoso compromiso con el espíritu y la letra de la Constitución Española, incluidos los nacionalismos periféricos de confesada aspiración segregacionista.
Un tanto balcanizada, esa amalgama junta a sus diputados en favor de la amnistía prometida por Pedro Sánchez a los independentistas catalanes condenados por los hechos relacionados con dicha aspiración secesionista. Y responde, como todo el mundo sabe, a un pago por el previo apoyo de estos en la investidura del ya renovado como presidente del Gobierno para cuatro años más.
Es un decir. Un vistazo al contexto:
El oleaje político, social y económico de la mencionada amnistía, que ahora arranca su tramitación parlamentaria por vía de urgencia, pone en carne viva a la clase política y a la sociedad española. Prácticamente todos los estamentos funcionariales (servidores del Estado como abogados, jueces, diplomáticos, fiscales…) se han manifestado contrarios a la iniciativa socialista. Según las encuestas, casi la mitad de los votantes de Sánchez está en contra. El Senado, que es la representación territorial de los españoles en las Cortes Generales, se dispone a paralizar o al menos ralentizar la tramitación de la ley socialista. Y, en fin, se anuncia un tsunami de recursos ante el Tribunal Constitucional y de cuestiones prejudiciales ante la justicia europea.
Nunca se insistirá bastante en el origen del culebrón. O sea, en la razón por la que, si la ley acaba en el BOE, quedarán amnistiados los actos cometidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023 que, en nombre de la independencia de Cataluña, dieron lugar a responsabilidades penales, administrativas o contables.
Una vez más: la causa de tan generosa decisión de Estado -si prospera, se entiende- es pagar la factura pendiente con los “indepes”, especialmente con los siete escaños pastoreados desde Waterloo por Carles Puigdemont, que han atornillado a Sánchez e la Moncloa.
