Con el reciente pacto con el PNV, Pedro Sánchez ha abierto una vía para romper la caja única de la Seguridad Social, es decir, la unidad del sistema de las pensiones y del sistema de recaudación de las cotizaciones sociales. El traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco y, con ello, la creación de una Seguridad Social vasca que recaude las cotizaciones y pague las pensiones, determinará la quiebra del sistema de reparto y el fin de la solidaridad en el régimen de pensiones desde el punto de vista territorial. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha recalcado que la Constitución proclama la unidad de caja de la Seguridad Social, lo que impide aquella transferencia de su gestión económica. De hecho, aquel principio de solidaridad ha permitido el pago de las pensiones en Cataluña y el País Vasco, ante el desfase que ambas regiones tienen entre los ingresos de cotizaciones y los gastos en pensiones, como ocurre especialmente en el País Vasco. Esta Comunidad del País Vasco tuvo un déficit de ingresos en esta materia en 2022 de –4.000 millones de euros (4.400 millones en los nueve primeros meses de 2023, con un gasto en pensiones de 8.980,7 millones de pagos en pensiones frente a unos ingresos de 4.618.8 millones), y en Cataluña la cifra alcanzó –5.871 millones de euros en ese ejercicio, lo que suman cerca de 10.000 millones de euros de desfase. Esa caja única garantiza el pago de las pensiones en todas las regiones, cuando solamente Madrid y Baleares tienen recursos suficientes para pagar las pensiones de sus residentes. Es decir, 15 Comunidades Autónomas son deficitarias en ingresos de cotizaciones, de manera que el déficit español de ingresos en cotizaciones alcanzó la cifra de -38.598 millones de euros en 2022. En este sentido, el Estado ha transferido 25.446 millones de euros el pasado ejercicio para equilibrar el sistema, de los cuales 18.396 millones por compromisos derivados del Pacto de Toledo y 7.050 millones para complementos a mínimos. La Tesorería de la Seguridad Social debe mantener la caja única del sistema, la encargada de recaudar todas las cotizaciones sociales de los trabajadores y empresarios y tramitar y abonar las prestaciones de los pensionistas, con independencia de la Comunidad en que residan. Los Inspectores de Trabajo y la Seguridad Social y los Letrados de la Seguridad Social han manifestado que la transferencia de la gestión económica a una Comunidad Autónoma afectaría al principio de igualdad de todos los españoles, rompería el funcionamiento de la Comisión del Pacto de Toledo y atentaría contra la competencia exclusiva del Estado sobre la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, prevista en el artículo 149.1.17 de la Constitución.
Por tanto, al amparo de lo establecido en el artículo 41 de la Constitución y que establece que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social”, es claro que se existe un mandato constitucional en orden a preservar la unidad presupuestaria de la Seguridad Social, que garantice la unidad de caja y de solidaridad financiera, en definitiva la unidad del sistema de la Seguridad Social.
