Los ganadores de la investidura no dejan de dar motivos a quienes airean la mutación constitucional y el fin del Estado de Derecho. Como profetas de mal agüero han encontrado en el caso ‘Sánchez’ una fuente inagotable de argumentos que refuerzan su credibilidad (la de los profetas, no la del presidente del Gobierno, se entiende).
El último de estos motivos es la irrupción de la aberrante figura del ‘mediador’ en los circuitos políticos y mediáticos de la chispeante política nacional. Tan aberrante como imprecisa en la fijación de su verdadero papel: verificador, intermediario, experto en derechos humanos y hombre bueno entre dos malos que se miran a cara de perro.
En este caso, el pleito es entre dos partidos políticos colgados de un pacto inspirado en la desconfianza mutua. Si hay incumplimiento la culpa será del otro. Eso debe decirlo el mediador entre los intereses cruzados de las partes. El de Pedro Sánchez es seguir reinando en la Moncloa”. Y el de Carles Puigdemont es el de cancelar sus cuentas pendientes don la Justicia, de la que lleva huyendo seis años.
Todo eso es más o menos normal en un conflicto político de los muchos que se cuecen en el funcionamiento diario de un sistema democrático. Lo aberrante, lo que rompe todos los marcos mentales del sentido común y la legítima confrontación política entre diferentes es el carácter internacional del dichoso ‘mediador’, que ha recaído en la figura de un diplomático salvadoreño que sabe de guerrillas, refugiados políticos, conflictos territoriales o desencuentros entre países vecinos.
Acierta Feijóo cuando sostiene públicamente que “negociar la democracia en la clandestinidad es una humillación para España”. Servidor va más allá. Esto va a causar serios desperfectos en la imagen de nuestro país. Me temo efectos corrosivos en la marca España por el hecho de contratar a un experto en conflictos internacionales para resolver un pleito tan de familia, tan nuestro, tan de casa, como el llamado problema catalán.
Llueve sobre mojado desde el momento en que el propio Gobierno de la Nación saca el problema del perímetro doméstico y, a través de su partido (PSOE) comete un pecado de lesa patria: reconocer en la desdichada figura de Puigdemont a un representante de “las aspiraciones de la sociedad catalana y de sus instituciones”, como reza el acuerdo PSOE-Junts del pasado 9 de noviembre).
Hay una explicación alternativa aún más perturbadora. Que la democracia española se ve incapaz de gestionar el pluralismo de ideas y opiniones en un régimen de libertades ¿Qué sentido tiene, si no, recurrir a un experto en derechos humanos, guerrillas, refugiados políticos, cuando solo se trata de poner el Boletín Oficial del Estado al servicio de un delincuente, a espaldas del Parlamento?
