Pedro Sánchez ya es presidente de España. Los acuerdos firmados con Sumar, ERC y Junts han logrado que siga en La Moncloa. El precio político pagado para conseguirlo es una tragedia para este país, pero el precio económico no lo es menos. Obviamente, si está en cuestión el estado de derecho, la división de poderes y en definitiva la democracia, la economía sufrirá y los españoles con ella. No ha hecho falta esperar ni siquiera a la investidura para conocer informes nacionales y extranjeros que alertan del riesgo país que se nos avecina. Un Estado que se pone de rodillas ante delincuentes y que pide perdón a golpistas juzgados y condenados y huidos de la justicia da miedo.
Todo lo firmado por Sánchez ahora para lograr la investidura es además una parte del precio que pagará cada vez que necesite los votos de sus socios en la legislatura, así que la inseguridad jurídica presidirá desde ya nuestras vidas y la de las empresas. ¿Quién invertiría en un país así? El presidente ejecutivo y máximo accionista de Mercadona lo ha dicho muy clarito. Para Juan Roig, si lo que está ocurriendo en España pasara en Portugal, saldría de allí. Hace unos días fueron los presidentes de las principales energéticas las que mostraron su desazón y su disposición a pensarse inversiones que tenían programadas por valor de más de 16.000 millones de euros.
La catástrofe económica que supondrá la falta de inversión nacional y extranjera va a ser letal para España, cuando además sus principales socios comerciales o están en recesión o a punto de entrar en ella. Nuestra economía crecerá algo, según previsiones hechas ahora. Veremos si se mantienen, cuando aún somos el país con más paro, menor poder adquisitivo, abultada deuda y déficit fiscal por encima de lo establecido. La desigualdad entre españoles está servida y más ciudadanos aún de los que ya hay lo pasarán realmente mal, a pesar de la prórroga de las medidas anticrisis, que ni han conseguido bajar los precios de los alimentos ni beneficiar al que menos tiene.
